Los bancos tendrán que verificar “fehacientemente” la identidad de las personas que solicitan créditos pre-aprobados a través de los canales electrónicos, y otorgarlos recién a las 48 horas de haber tomado contacto con el beneficiario, dispuso el Banco Central (BCRA) para reforzar las normas de seguridad. 

“Como mínimo” tendrán que hacer un monitoreo y control de los puntos de contacto indicados por el usuario y comprobar que no hayan sido modificados recientemente, ponerse en contacto con el beneficiario, y acreditarlo recién 48 horas después de acordado, destacó la entidad monetaria. 

La medida del BCRA se produce en medio de una ola de robos de datos electrónicos a usuarios, lo que le permite a los estafadores no solo vaciar las cuentas de los que han sido engañados, sino también tomar los créditos pre-acordados que brindan los bancos a través de las cuentas on-line.

Un reporte de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) dio cuenta que durante 2020 las denuncias por fraude, robo de datos y estafa en cuentas bancarias, creció casi un 3.000% al pasar de 22 casos denunciados en el 2019 a 641 en 2020, solo en esa provincia. 

La entidad que dirige Miguel Pesce destacó que la verificación “deberá hacerse mediante técnicas de identificación positiva, lo que refuerza la obligación que ya tiene la entidad financiera de la responsabilidad de detectar la posibilidad de engaños de ingeniería social”.

Recién después de la verificación, “la entidad deberá comunicarle –a través de todos los puntos de contacto disponibles– que el crédito se encuentra aprobado y que, de no mediar objeciones, el monto será acreditado en su cuenta a partir de las 48 horas hábiles siguientes”.

El plazo de acreditación del crédito podrá ser reducido en el caso de recibirse la conformidad del usuario, una vez confirmada su identidad.

El control deberá ser sobre todas las operaciones de créditos pre-aprobados realizadas a través de todos los canales electrónicos disponibles: ATMs, TAS, banca de internet (BI) y banca móvil (BM).

A fines del año pasado más de 31 millones de personas poseían al menos una cuenta con acceso electrónico, cumpliendo con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles y permitirles utilizar servicios financieros durante el distanciamiento social. 

Este nuevo control se suma a los “requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras” que deben cumplir en forma obligatoria.