La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park y en contra del país, en una demanda que puede hacer que el Estado Nacional deba pagar una indemnización de hasta US$ 18.000 millones. 

Ambos grupos reclamaban que, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2021, expropió el 51% de la empresa que estaba en manos de Repsol, tendría que haberle hecho una oferta de adquisición también a ellos, tal como fijaba el estatuto, y no solo a la petrolera española. "El Tribunal (de Nueva York) considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo", dice el fallo. 

Sin embargo, dejó en claro que “los demandantes han demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”. 

Según peritos presentados por los fondos, que compraron el paquete accionario que pertenecía a la familia Esquenazi, la demanda podría alcanzar hasta los US$ 18.000 millones, teniendo el tiempo transcurrido, los intereses devengados, y los honorarios a pagar. 

El Gobierno argentino puede apelar el fallo, pero igualmente deberá pagar una garantía o los fondos demandantes tienen el derecho a pedir embargos. La jueza también denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar Argentina -y que se calcula entre US$ 7.000 y 18.000 millones- porque ese monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños. 

Este es el segundo juicio que pierde el Estado argentino por acciones llevadas adelante durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. El primero fue la declaración de default y posterior pago a los tenedores de bonos que no entraron en los canjes de deuda del 2003 y 2010 y que costó unos US$ 6.000 millones. 

En 2008, por impulso de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi -dueña del Banco de Santa Cruz- compró el 14% de YPF por unos US$ 2.000 millones. Para esa operación usan dos sociedades que arman en España: Petersen Energía y Peterson Inversora.​ La mitad del monto se paga con un crédito de un consorcio de bancos encabezado por el Credit Suisse y garantizado sólo con las acciones de la petrolera. Los otros US$ 1.000 millones los pagaban los Eskenazi, con los propios dividendos que conseguían de la explotación de YPF. 

Afectado por la caída de la balanza energética, el Gobierno de Cristina Kirchner expropió en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi y sólo tomando las acciones que pertenecían a Repsol. En febrero de 2014, el gobierno de Cristina le pagó US$ 6.000 millones a Repsol por el 51% de la compañía que había expropiado. Apenas un año y medio después, el valor bursátil de la empresa era menos de la mitad del que tenía en la fecha de ese pago.