El Ministerio de Economía envió este miércoles una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las “Tasas municipales”, de aquellas “que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, caracterizándose por ser ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.

Además, la cartera que dirige Luis Caputo, solicitó que “se eliminen estas ‘Tasas municipales’ que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables”.

Este pedido se basa en que esas tasas “no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló la nota distribuida a la prensa por el Palacio de Hacienda. 
Además, se les pidió a las provincias intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, “se los suspenda en su participación de la masa coparticipable”.

Este no es el primer hecho en que el Estado Nacional se enfrenta a las provincias o municipios por el cobro de impuestos o tasas a diversos servicios. A comienzos de agosto, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, debió dar marcha atrás con el aumento de la alícuota de ingresos brutos fijada por cuatro meses para la actividad financiera, luego de que el Banco Nación amenazara con cerrar nueve sucursales en esa provincia y trasladar una gerencia zonal a San Luis. 

Ahora, Economía calificó como “ejercicio ilegal y arbitrario” la potestad tributaria aplicada por municipios, la cual incrementa la presión impositiva “e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”.

La nota resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, “se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales”, sin que exista justificación alguna.