El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el viernes el Poder Ejecutivo enviará al Congreso incluye incentivos para ampliar la edad jubilatoria, la eliminación progresiva de los subsidios a la energía, y prevé un crecimiento máximo de la economía del 4,5% para este año. 

El documento, al que tuvo acceso Data Clave, sostiene que durante este mes, "las tarifas mayoristas de gas y electricidad se incrementaron en un 31 por ciento y un 19 por ciento, respectivamente, para que reflejen mejor la recuperación de costos. Esto es equivalente a que las facturas de los consumidores finales aumenten el 20 por ciento”. 

"Para liberar recursos para áreas de mayor prioridad, mejoraremos la focalización de los subsidios a la energía, reduciéndolos con criterios racionales, tendiendo a aumentar gradualmente los índices de recuperación de costos", agrega.

En esa línea, la reducción de los subsidios se enfocará principalmente en la segmentación, de manera de eliminar la ayuda que ahora reciben los sectores de mayores recursos.

"Se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de subsidios para enfocar el esfuerzo en aquellos con mayor capacidad de pago. El plan busca eliminar los subsidios a la electricidad del primer decil de consumidores residenciales en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires a partir de marzo, y se ampliará a otras 9 áreas urbanas para fines de mayo del 2022. Los ahorros del plan de segmentación podrían alcanzar 0,08 por ciento del PIB durante el 2022", plantea.

Además se compromete “con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el FMI, un plan a mediano plazo para reducir en forma constante y paulatina los subsidios a la energía y mejorar la eficiencia del sector, anclado en nuestro objetivo de recuperación de costos”. 

El documento de 18 páginas, en el cual faltan algunos detalles que se están negociando por estas horas, apunta a tener “un dólar competitivo” que aumente a la par de la inflación  durante este año y el próximo, evitando el atraso cambiario que hubo en el 2021, año electoral, cuando la divisa aumentó el 25% contra una suba de precios del 50,9%. 

Además, “Se están realizando acciones para (i) limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales; y (ii) administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía. Mientras tanto, el gasto en jubilaciones y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020”, destaca el documento.  

También los proyectos de inversión que encare el Estado se harán “sobre la base de las recomendaciones del FMI sobre la Evaluación de la gestión de la inversión pública (PIMA) preparada en conjunto con el Banco Mundial y el BID”. 

Está claro que este documento es un borrador en el cual aún falta definiciones sobre cómo se van a implementar cada una de estas medidas, pero es el “plan de gobierno” que Alberto Fernández presentará para sus próximos dos años de gestión.