(De la redacción de DATA CLAVE) El presidente Alberto Fernández deberá pagar US$ 3.296 millones desde el año próximo y hasta que finalice su mandato en el 2023, si los acreedores tanto externos como internos, aceptan el canje de deuda.

Así se desprende del análisis presentado hoy por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que realizo un ejercicio sobre cuáles serían los niveles de pago que deberá hacer el Gobierno si los acreedores acepta, en su totalidad, canjear unos US$ 66.300 millones de bonos emitidos bajo legislación local, y otros US$ 44.000, bajo jurisdicción argentina.

Si todo "va bien", es decir, si todos aceptan el canje, el año que viene, cuando se celebran elecciones legislativas, Argentina deberá pagar US$ 182 millones, de los cuales US$ 106 son nueva deuda bajo legislación extranjera, US$ 76 millones en leyes locales.

 

Fuente: OPC
Fuente: OPC

 

En el 2022, los pagos suben a US$ 1.245 millones, con US$ 800 millones para los acreedores externos y US$ 445 millones para los locales; mientras que en el 2023, cuando vence el mandato de Fernández, los pagos ascenderán a US$1.869 millones, con pagos por US$ 1.227 millones y US$ 643 millones, respectivamente.

En la víspera, Fernández ratificó que "es imposible" que el Gobierno modifique la última propuesta de pago que hizo a los bonistas en la negociación de la deuda emitida bajo legislación extranjera, en respuesta a la contraoferta presentada esta tarde por tres grupos de acreedores.

De esta manera, el mandatario salió al cruce de la contrapropuesta de restructuración de deuda realizada el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio.

"Es imposible que nos podamos mover del último esfuerzo que hicimos, que fue muy grande", advirtió el jefe del Estado en una entrevista en la Televisión Pública.

 

 

Deuda Interna

En tanto, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, aprobó hoy el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo legislación argentina, con lo que se encuentra en condiciones de ser debatido en la próxima sesión de la Cámara alta.

La iniciativa recibió apoyo unánima, aunque el interbloque de Juntos por el Cambio decidió firmar en disidencia parcial debido a un desacuerdo sobre la aplicación de la denominada Cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que bloquea la posibilidad de que en el futuro se le pueda dar una mejor oferta a bonistas que no hayan entrado en la primera etapa de un canje.

La cláusula RUFO se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y estableció la prohibición de pagar a los holdouts de manera voluntaria en mejores condiciones de aquellos bonistas que sufrieron quitas de hasta el 70 por ciento.

El senador porteño Martín Lousteau sugirió modificar ese artículo de la norma para "tratar al tenedor local igual que al extranjero".