El presidente de la Copal y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se mostró sorprendido por la decisión del gobierno nacional de activar desde abril el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), a través de la Secretaría de Comercio Interior. 

El empresario aseguró que no fueron advertidos sobre la implementación de estas nuevas medidas, a pesar de haber mantenido diálogo en el último tiempo con la gestión de Alberto Fernández.  

Data Clave: ¿Que impresión le generan las nuevas exigencias del Gobierno a las empresas?
Daniel Funes de Rioja: La primera reacción frente a las exigencias que surgen de la resolución 237 que crea el SIPRE es que parecería sorprender que en este contexto de la pandemia estemos generando, si se trata de razones estadísticas, una nueva carga burocrática, carga que se suma a las que existen hoy que son múltiples. No solo desde el punto de vista de la burocracia administrativa en el marco de la Secretaría de Comercio, sino también de todo el tema fiscal. Por ende, primero que nada, sorpresa. Hay instrumentos y mecanismos para el control de precios. La ley de defensa de la competencia, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial. Además de la red de normas que hicieron desde el año pasado en el marco de la emergencia por covid para ejercer esos controles y tener información mensual sobre precios vigentes, cantidades vendidas de todos los bienes finales o intermedios, así como el stock de todos los productos. No cabe la menor duda que es sobreabundante e innecesario. Desde COPAL consideramos que es una política vulneratoria del derecho de propiedad e iniciativa privada, consagrada por la Constitución Nacional. 

DC: ¿Más controles implican más injerencia del Gobierno sobre el sector empresario?
DFR: Evidentemente hay dos cosas: ¿La información para qué es? Si es estadística, es sobreabundante o es un exceso de burocracia. Si es para control de precios, es un intento de avance hacia políticas de control del Estado y no respeto a las reglas de mercado. Tanto el mercado nacional como el internacional se han visto afectados por el covid. Los costos logísticos se han incrementado internacionalmente y esto ha tenido impacto en lo nacional. 

DC: ¿Dónde habría que poner el foco para controlar que los precios no se disparen?
DFR: Básicamente, hay que poner el foco en tener una estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica implica una política antiinflacionaria y la política antiinflacionaria fundamentalmente tiene eje en la política de estabilización macroeconómica que pueda adoptar el Estado y en esa política de estabilización, fuertemente, lo importante aquí es pensar en tener elementos antiinflacionarios. La inflación es multicausal. Lo hemos dicho claramente con respecto a qué ha pasado en el 2020: el año pasado tuvimos precios congelados en los alimentos. La inflación fue del 36% y la devaluación fue de ese mismo orden. Si miramos todos los elementos, somos la consecuencia de la inflación y no la causa. El mundo está sufriendo todas estas desestabilizaciones. Nosotros tenemos una distorsión inflacionaria que empuja los precios. Y tenemos que resolver los cuellos de botella. 

DC: ¿Están preparadas las empresas para hacer frente a los pedidos de información del Gobierno hacia abril?
DFR: Exigirles que se preparen es ponerles más sobrecostos. Cuando uno va creciendo en los costos, por los requerimientos informativos, por la mayor presión fiscal, todo eso claramente termina afectando la competitividad de las empresas. 

DC: ¿Existen “avivadas” de sectores empresarios que generan aumentos de precios?
DFR: Cuando uno tiene inestabilidad o volatilidad desde el punto de vista de la inflación está claro que algunos se aprovechan. Por eso es importante tener una política macroeconómica que dé un horizonte para que todo esto pueda manejarse racionalmente. 

DC: ¿Cómo impactan los reiterados aumentos de las naftas en el precio de los productos?
DFR: Hay que pensar que la logística para la industria de alimentos y bebidas impacta desde un 14% en alimentos no perecederos hasta un 30% en bebidas. Es un factor exógeno pero que hace a la cadena de distribución y comercialización. 

DC: ¿Cómo se está dando el diálogo entre el sector privado y el Gobierno?
DFR: Estamos sorprendidos porque salió esta norma sin que nadie nos advirtiera que iba a salir. Tenemos la mesa de diálogo de la alimentación y yo tengo la esperanza de que podamos encontrar el camino para salir de Precios Máximos, mantener Precios Cuidados y robustecer los incentivos y la confianza necesaria para que haya más inversión, no solo para abastecer al mercado interno sino para exportar. Hay espacio para crecer y ese espacio para crecer se tiene que basar en certidumbre, previsibilidad, confianza del empresario y en la iniciativa privada. Esto se puede dar con la concertación. Este diálogo entre el sector y el gobierno debería coronar en acuerdos que nos den ese futuro que haga posible la inversión productiva y no especulativa. A eso es a lo que apuesta el empresariado hoy.