Hace unos diez días, cuando la Cámara de Diputados trataba el acuerdo con el FMI, el ministro de Economía Martín Guzmán, viajaba a Houston para anunciarle a los principales empresarios petroleros norteamericanos, británicos y holandeses, que el Gobierno flexibilizará “en los próximos días” los movimientos de la cuenta capital, para favorecer las inversiones.

“Tenemos las regulaciones de capital, que hoy tienen un sentido, fueron implementadas en 2019 por la anterior gestión y ha ido evolucionando en nuestra administración”, reconoció Guzmán ante los empresarios reunidos en el CERA Week 2002.

En ese marco destacó que “para que haya inversión de escala es importante ir adaptando este esquema de regulaciones (de capital), en particular para el sector de la energía”.

De manera paralela, en el país, el gobierno destacaba la concreción del gasoducto, ahora bautizado “Néstor Kirchner” que inyectará desde Vaca Muerta, fluido a la red local, y que no solo evitará importar gas, sino que servirá para exportarlo.

Hasta el 31 de marzo, se recibirán las ofertas para la adquisición de 656 kilómetros de tuberías que unirán a localidad neuquina de Tratayen con la provincia de Santa Fe, luego de abastecer a Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires, en una inversión prevista de unos US$ 1.800 millones.

Pero más allá del interés de las siderúrgicas chinas por proveer estas tuberías, lo cierto es que el Gobierno recibió algunos “sinsabores” respecto a esta operatoria.

Primero fue la delegación de gobernadores encabezada por el Canciller, Santiago Cafiero, que viajó a Arabia Saudita y no logró la semana pasada convencer a los empresarios a invertir en el petróleo argentino.

Más allá de los esfuerzos de Cafiero para traducir al inglés un discurso que estaba escrito en español, lo cierto es que los empresarios árabes reclamaron al Gobierno la aprobación legislativa del Tratado de Protección de Inversiones firmado en 2018 entre la Argentina y Emiratos Árabes Unidos, cuyo emirato más importante es Dubai.

Ese tratado otorga un estatus especial a las inversiones de ese país y abre la puerta a los tribunales internacionales en caso de controversias o incumplimientos de contrato, tal como ocurre con los títulos de la deuda. Sin embargo, desde el kirchnerismo, que maneja el área de Energía, se oponen a esa posibilidad, a la cual consideran como una “resignación de soberanía”.

En este marco fue que el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que este invierno “habrá falta de gas” en las industrias, debido al efecto combinado de una menor disponibilidad de fluido, y la falta de dólares para comprarlo, y estimó que el gasoducto Néstor Kirchner “en el mejor de los casos estará terminado en el 2024”.

La licitación internacional para la realización de ese gasoducto que traería el gas de Vaca Muerta “estaba totalmente armada en el 2018, pero luego del resultado de las PASO de agosto del 2019, y que se disparara el precio del dólar a $ 60, se suspendió”, dijo Aranguren en declaraciones al programa Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre.

Ese proyecto “que se iba a financiar completamente con capital privado, estuvo parado durante dos años, y ahora se quiere financiar con fondos públicos”, explicó el ex ministro de Energía de Mauricio Macri.

En medio de este panorama, la consultora Quantum destacó que el aumento de los precios de los granos que exporta Argentina no alcanzará a compensar la suba del valor del gas licuado que debe importar para abastecer el consumo local, hasta que se realice el gasoducto.

“De mantenerse los precios internacionales actuales, el valor de las importaciones de estos combustibles superaría por aproximadamente US$ 6.000 millones al registrado en 2021”, dijo la consultora que dirige Daniel Marx.

Y agregó: "esta mayor demanda de divisas podría ser parcialmente compensada por el mayor valor de las exportaciones agrícolas estimado en alrededor de US$ 5.000 millones, por efecto del incremento en los precios y a pesar de la caída esperada en los volúmenes”, quedando un déficit de unos US$ 1.000 millones, en un momento en que el Gobierno debe culminar el año con un incremento de reservas de US$ 5.000, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).