Falta de aportantes o aportes escasos, son algunos de los déficits estructurales que tiene el sistema previsional argentino que da cobertura a 5,7 millones de argentinos, y que insume 4 de cada 10 pesos que gasta el Estado.

A esa estructura se le suma el reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Salta, el cual  “tiene muchos fundamentos a lo largo de sus 60 páginas en la cual deja en claro que no puede haber incrementos discrecionales, y que la “solidaridad” no se debe dar entre jubilados, sino desde los trabajadores activos a los pasivos”, explicó el abogado Daniel Trócoli  a Data Clave.

Además, el fallo apunta a que “la jubilación no es una dádiva sino un premio por años de trabajo. Dar aumentos discrecionales, y con fundamentos poco objetivo, lo asemeja a una dádiva” y es por eso que “establece un criterio de actualización ‘mínimo’, si quiere el Gobierno puede dar más, y el cual se le debe pagar a todos los jubilados”.

Trocoli, que lleva adelante unos 600 demandas en tribunales por actualización de haberes explicó que otro tema que ataca el fallo “es el falso concepto de ‘solidaridad previsional’ y aclara que debe ser el trabajador el que debe aportar al jubilado, por lo que resulta es un error gravísimo aplicar un concepto de solidaridad entre el jubilado que más cobra con el que menos cobra”.

Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) apuntó a que “el gasto previsional sigue subiendo a una tasa superior a los ingresos. Teniendo en cuenta que las jubilaciones y las pensiones son el principal componente del gasto primario nacional (42% del total) se trata de una dinámica fiscalmente insostenible”.

En cuanto a la cantidad de trabajadores que aportan para los jubilados del presente, la economista Fernanda Maceira explicó que las distintas moratorias dispuestas a partir del 2005 “hicieron que ingresaran al sistema 3,5 millones de jubilados y pensionados, con escaso o nulos aportes”.

“A algunos les faltaban pocos aportes, los pagaron, y eso no fue grave, pero a otros tenían pocos o ningunos, y los pagaron con descuento de la misma jubilación que cobraban. Este ingreso desbalanceó la relación entre aportantes y beneficiarios, que ya venía bastante justa en un país que tiene mucho empleo en negro. Pero “aun los que aportan, lo hacen de manera desigual. Por ejemplo, monotributista aporta $100 por mes para obtener una jubilación mínima de $ 16.000. No da la proporción”, remarcó. Maceira.

Desde el lado oficial, el Secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, defendió el criterio de “Solidaridad Social” sin la cual “el déficit de ANSES hubiese crecido a casi 4% del PBI (aún sin tener en cuenta los efectos macroeconómicos de la pandemia)”.

“Los “errores” cometidos en el periodo 2016-2019 (gobierno de Mauricio Macri) con nuestro sistema de seguridad social fueron graves, se desfinanció el sistema, se lo hizo más inequitativo y se incorporó una volatilidad enorme en el gasto previsional. Pero miremos para adelante”, instó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

Según datos del Anses de comienzos de año, en Argentina hay 5.732.758 titulares únicos con al menos una jubilación o pensión contributiva con un haber medio de $ 21.400.

Dentro de este grupo, el segmento de edad con más titulares de jubilaciones y pensiones es el que va de los 65 a 69 años, con más de 1,33 millones de beneficiarios, de los cuales 761.421 son mujeres y 568.994, varones; el segundo rango de edad con más jubilados y pensionados son los 1,18 millones de beneficiarios que tienen entre 70 y 74 años (663.4 mil mujeres y 520.1 mil hombres).

La cantidad de beneficiarios en el resto de las franjas de edad disminuyen notablemente: entre 860 y 870 mil, respectivamente, en las franjas 60-64 y 75-79 años y entre 345 y 574 mil en las franjas 80-84 y 85-89 años.

Debate en el Congreso

En tanto, luego de que se prorrogara la decisión de actualizar las jubilaciones por decreto, esta semana el tema volvió a estar presente en el Congreso. El lunes volvió a reunirse la comisión bicameral mixta, que tiene como objetivo elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y sumó las opiniones de los economistas Eduardo Levy Yeyati y Leonardo Eric Calcagno. La comisión está formada por funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados del oficialismo y la oposición, y es presidida por el diputado Marcelo Casaretto.

La fórmula de 2017 contemplaba un 70% de la variación trimestral del IPC del Indec y un 30% de la variación trimestral de la variación de los salarios registrados (Ripte). Uno de sus problemas fue el momento en que se empalmó con la anterior, ya que había quedado con un rezago de tres meses.

Arias rescató la fórmula de movilidad de 2008, en la que los aumentos acumulados en dos semestres no podían superar 1,03 veces el crecimiento anual de los recursos totales de la Anses, porque consideró que esa fórmula cuidaba la sostenibilidad fiscal. Con aquel cambio legislativo, el Gobierno eliminó el sistema de capitalización que manejaban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

El debate sigue y promete ser uno de los más álgidos de la agenda postpandemia.