El Gobierno puso en la mira el “festival de importaciones” a través de cautelares judiciales que según fuentes oficiales originó una salida de US$ 1.800 millones en el último año y medio. Así, la Aduana lanzó una fiscalización masiva a 500 importadores que utilizaron este mecanismo para ingresar mercadería y pagarla al dólar oficial. 

A partir de ahora, tal como señaló el organismo que conduce el massista Guillermo Michel, dichas empresas tendrán que justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial. El marco legal incluye como sanción la eliminación del registro de agentes del comercio exterior. 

Según detallaron, la acción de la Aduana se da luego de realizar una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias. Así, las empresas deberán presentar documentación relativa a la operación comercial, transferencias de titularidad realizadas, detalle de giros de divisas y destino dado a la mercadería. 

También tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes. La notificación da un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada. 

A quienes la recibirán se les comunica que, en caso de incumplimiento, su inconducta “será considerada incursa en la figura prevista y penada por el artículo 994 incs. a) y b) del Código Aduanero, sin perjuicio asimismo de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 100l”. La norma en cuestión, prevé apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.

La Dirección General de Aduanas, que encabeza Guillermo Michel, informó que impondrá medidas de control específicas en las empresas que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada.