Este jueves el Gobierno envió el proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso con un texto de ley que incorpora el recorte de algunos beneficios impositivos para empresas  por más de 2,4% del PBI con el objetivo de reducir el déficit fiscal y cumplir con el FMI. El dólar terminaría el 2023 con una variación de 62,1%, un ritmo similar al de la suba de precios, por lo que el dólar oficial será de $269 para fin del año que viene ($219 promedio). En el proyecto no se habla de desdoblamiento cambiario ninguno.

En los hechos, el Presupuesto es parte del ajuste ortodoxo que lleva adelante Sergio Massa y su equipo, que busca bajar el déficit y la emisión monetaria para frenar los precios. Los subsidios a la energía pasarían de pesar 2,2 puntos del PBI a 1,6 puntos; mientras que los del transporte, 0,5% a 0,4% del PBI. 

Entre los beneficios que el Estado le quitaría a los contribuyentes están los esquemas diferenciales para Ganancias (lo que impactará de lleno en las fundaciones, mutuales y cooperativas) la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia que desarrollan su actividad en la Patagonia y los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales.

Pero para cumplir con el FMI, Massa deberá ajustarse el cinturón y bajar el déficit de  2,5% del Producto Bruto Interno de este año hasta 1,9% del PBI en  2023, lo que equivaldría una poda mayor a los $700.000 millones. Para eso, seguirá la suba de las tarifas durante el verano. Para tranquilidad del campo, el proyecto no sube retenciones ni pone nuevos impuestos, pero sube la inversión pública 0,3 puntos con relación a 2022, mientras que el gasto irá por encima del 65%. 

Lo cierto es que en el kirchnerismo mas duro el Presupuesto 2023 esta muy lejos de agradar.  De hecho, creen que el “ancla fiscal y monetaria” va a tener efectos sobre el mercado de cambios, pero a través de la caída de la actividad y de las importaciones, pero que no tendrá efectos concretos sobre una inflación de base inercial. Y critican con fuerza la suba de tarifas de los servicios públicos para equilibrar las cuentas públicas, que dejarán para este año una inflación del 100% y de 50% de piso para el 2023. Jugada peligrosa  para un año electoral, donde nadie en el peronismo recuerda que se haya ganado una elección con inflación de más del 60%, en el mejor de los casos.

Pero en el massismo se defienden diciendo que este no es un ajuste ortodoxo, sino un plan de estabilización de precios heterodoxo, con el fin de relanzar la gestión antes de fin de año y lograr bajar la inflación para que permita la recomposición de los ingresos. Algo que de ocurrir, pondría al actual ministro de Economia en primera linea para una candidatura presidencial en el Frente de Todos.