Se abrió una puerta a la exploración petrolera “offshore” en Mar del Plata. El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani avaló el informe ambiental que presentó el Gobierno y dictaminó a favor de los proyectos previstos a 300 kilómetros de la costa atlántica, los cuales serían una oportunidad en el desarrollo del país. De todas formas, resta que el juez federal Santiago Martín levante la cautelar vigente que restringe la operatoria y da luz verde a las empresas.

La actividad petrolera “podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social”, indicó Pettigiani en una resolución de 15 páginas en la que afirmó que considera “cumplido” que habrá un resguardo de la sostenibilidad ambiental. “El Estado Nacional con lo dictado en la resolución 7/2020 habría dado cumplimiento con los puntos requeridos a fin de continuar las actividades propias de la actividad off shore”, remarcó.

La resolución favorable del fiscal se suma a la del intendente marplatense, Guillermo Montenegro, quien ya había presentado judicialmente su conformidad con el informe ambiental presentado por el Gobierno. Además, se suma a otros actores de la sociedad civil que se mostraron a favor de la exploración en Mar Argentino.

En un informe, YPF explicó que la actividad offshore es una oportunidad única: el Mar Argentino tiene un potencial de decenas de billones de barriles de petróleo por investigar, recursos similares a los que nuestro país posee en Vaca Muerta. Esto no sólo se traduce en ingresos, sino también en trabajo para los argentinos y las argentinas".

A su vez, la compañía agregó que "previo al inicio de las operaciones, se elabora un Estudio de Impacto Ambiental, sometido a aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación". "Argentina es uno de los pocos países en el mundo en donde este tipo de iniciativas incluyen la participación ciudadana, a través de la Audiencia Pública", subrayó YPF.

Diversos sectores presentaron un amparo ante el juez federal Santiago Martín. Después de analizar el caso, el magistrado avaló el pedido de ambientalistas y del intendente Guillermo Montenegro y suspendió la actividad off shore. Su decisión había sido apelada por el Gobierno nacional.

El 3 junio la Cámara Federal de Apelaciones revirtió la resolución de primera instancia y dejó sin efecto cautelar dictada por Martín, pero mediante otra resolución hizo requerimientos para terminar de despejar algunas incógnitas sobre el eventual impacto ambiental del proyecto.

En un extenso escrito presentado el 5 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entregó la reclamada declaración de impacto ambiental complementaria. En esa presentación, el gobierno garantizó la presencia de la secretaría de control y monitoreo ambiental, que depende de esa cartera. Además, anunció la conformación de una comisión especial integrada por personal técnico de diferentes áreas para que lleven a cabo ese control.

Otro de los requerimientos de los camaristas se basaba en las medidas de protección de la fauna marina, que había sido uno de los temas recurrentes en las instancias participativas que se realizaron. En ese sentido, Parques Nacionales consideró que la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto abordó a este Monumento Natural Nacional adecuadamente y que las medidas del Plan de Gestión Ambiental son apropiadas para mitigar potenciales impactos.

La opinión de Parques durante el proceso permitió fortalecer las medidas del PGA de Equinor. Por ejemplo, incorporando una medida de “coordinación y soporte a la Red Federal de Varamientos durante el período de la operación”.

Por otra parte, también se había requerido un análisis de los “impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” del proyecto en el área de intervención y los plazos temporales del proyecto. Ante esta situación, Equinor actualizó e incorporó nuevos análisis sobre los impactos acumulativos y sinérgicos, junto con información provista por la Secretaría de Energía.

En base a este informe, Pettigiani consideró que “la actividad hidrocarburífera resultaría central para una cuestión tan profunda como es la realización de nuestro proyecto de Nación”. “En tal sentido, la exploración off shore autorizada por el gobierno nacional, con el resguardo de la sostenibilidad ambiental que consideró cumplida, podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social por lo que entiendo que su ejecución se impone, de manera perentoria en una sociedad con los alarmantes niveles de pobreza que presenta la nuestro”, concluyó.