Nuestro país y el mundo sufren una recesión económica profunda producto de la pandemia mundial del COVID 19, que no solo provoca muertes sino también cierre de negocios y fábricas, imposibilidad de realizar changas y ventas ambulantes. Muchos trabajadores hoy se ven afectados. Por ello, es que en estos meses fue común escuchar el debate televisivo de “Salud vs. Economía”, que pone en evidencia como muchos políticos y economistas piensan y definen la economía como una cuestión ajena a las necesidades de una sociedad.

Es en este contexto que se plantea la propuesta del Memorándum con China para instalar plantas de producción de carne porcina que traerían fundamentalmente divisas y generación de valor agregado. La propuesta ya tiene metas y condiciones claras: aumentar la producción unas 882 mil toneladas anuales de carne de cerdo (más que duplicar la faena local) con el fin de que China se garantice 900 mil, mediante la instalación de 25 plantas integradas de cerdos con fuerte impacto ambiental.

La apertura de un mercado tan relevante y con interés en el desarrollo productivo local es una oportunidad que debe aprovecharse, pero es fundamental medir los costos y beneficios en un horizonte de mediano plazo. En los términos inicialmente planteados, la aceptación del memorándum no sólo es contraria a la sustentabilidad ambiental y productiva, dado que al aumentar la demanda interna de granos favorece al modelo productivo agropecuario actual donde la concentración productiva y la expansión de la frontera agrícola (con incendios mediante) son la norma, sino que además contrapone en el mediano plazo los objetivos propuestos de ingresos de divisas y de empleo.

Con una tasa de conversión de 3kg de alimento balanceado por kg de cerdo en pie (como se propone en eficiencia un proyecto de esta escala), el agregado de valor local a los cereales y alimento balanceado representaría a grandes rasgos un 73% del valor final exportado. Sin embargo, es también pertinente analizar que el acuerdo implica, naturalmente, una considerable extranjerización de la estructura productiva del sector. El proyecto contempla una tasa de retorno que en 7 años de plazo garantizaría el repago de la inversión y que, con la desregulación vigente en materia de inversión extranjera en Argentina, es esperable una remisión de utilidades al extranjero equiparable a la misma (en torno a los 3.800 M. USD). A lo que se suman, los múltiples mecanismos para el drenaje de divisas con el que cuentan las empresas transnacionales hacia el exterior: pago de royalties y honorarios, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pago de intereses a firmas vinculantes, utilización de títulos públicos y/o instrumentos financieros que permiten la canalización de fondos del mercado cambiario hacia plazas en el exterior, entre otros.

En cuanto al agregado de valor local y la creación de empleo (el proyecto estipula 9500), la principal problemática que se plantea son las condiciones laborales que se ofrecen y las nulas posibilidades de desarrollo tanto personal como de la comunidad: la reducción de saberes culturales de la ruralidad a una mera sistematización de procesos donde el hábitat es una industria con olores pestilentes y contaminantes. La factoría al ser una unidad integrada que satisface prácticamente todos sus requerimientos, (excepto la producción de cereales y soja), desplaza a las actividades locales absorbiendo la mano de obra del distrito y generando una dependencia de los gobiernos municipales y provinciales en relación con la planta industrial.

Es primordial contemplar un modelo de desarrollo que priorice aspectos en materia de federalismo y desarrollo local, distribución del ingreso, sustentabilidad ambiental y de hábitat. El salto productivo propuesto no es adecuado como tampoco la concentración productiva del sector (25 fábricas extranjeras llevando adelante la mitad de la producción nacional a un único destino de exportación). A partir del interés de China pueden generarse instrumentos de financiamiento y promoción que consoliden el esquema productivo asociativo y de carácter local muy presente en muchas localidades de nuestro país que propicia la circulación del capital en los espacios locales y nuevas posibilidades de empleo a partir de proyectos de agregado de valor (chacinados, derivados de subproductos porcinos). Contemplar la activa participación de la comunidad con el fin de velar por los intereses comunes y garantizar la sostenibilidad a largo plazo en cuestiones de cumplimiento de normas sanitarias, cuidado del medio ambiente, protección y sanidad animal.

El esquema de grandes granjas propuesto fortalece la formación de capital extranjero en un eje central de la soberanía alimentaria como es la producción de alimentos. Un proyecto asociativo no sólo genera formación de capital con un control nacional, sino que este está distribuido en varios actores y fomenta la reinversión local para sostener la actividad.