El Gobierno sabe que la aceleración de precios es casi incontrolable y solo puede aplicar paliativos. En marzo, la inflación estuvo cerca del 6% y sería la más alta desde septiembre de 2019. En ese marco, el plan oficial ahora es mejorar los ingresos para que la pérdida del poder adquisitivo sea la menor posible.

El cuadro de situación que enfrenta la gestión económica de Alberto Fernández es bien complejo. Por un lado, la economía creció 10,3% en 2021 con un impacto en los niveles de empleo y pobreza. Sin embargo, eso alcanzó para volver a una situación social muy similar a la de 2019, en plena crisis macroeconómica. La tasa de pobreza al cuarto trimestre 2021 del 36% es 10 puntos superior a la de finales del 2017.

Lo cierto es que hay sectores que sobrevivieron mejor que otros. Un análisis de LCG con los últimos datos del Indec disponibles advirtió que, en la comparación con el máximo de noviembre 2017, la pérdida de poder adquisitivo es “elevada”: “21,7% promedio”. “No sorpresivamente los más afectados son los trabajadores informales con una caída real del 32,1%”, añadieron.

En este marco, el Gobierno puso en marcha mecanismos para intentar frenar la inflación, con acuerdos junto a empresas para ampliar Precios Cuidados y “anclar expectativas” de cara a los próximos meses. La misma estrategia se utilizó durante el año pasado cuando los precios se incrementaron 50,9%. Hoy día, las consultoras señalan que sería “un logro” alcanzar esos niveles en 2022: proyectan 60%.

El contexto internacional, con subas en los precios internacionales de las materias primas pero también de insumos que se utilizan en la producción hacen que el panorama no sea alentador. Por tanto, la gestión oficial se está centrando en buscar mecanismos para reforzar el poder adquisitivo.

En este punto, el rol del Ministerio de Trabajo bajo la conducción de Claudio Moroni será fundamental. La cartera laboral oficializó hoy la convocatoria a negociaciones paritarias del sector privado para una veintena de sectores. Este era uno de los acuerdos a los que llegaron funcionarios del Gobierno con miembros de la CGT y la UIA.

Las actividades convocadas son construcción; camioneros; sanidad; hotelería y gastronomía; seguridad e investigaciones; maestranza; plástico; pasteleros; seguros; alimentación; textil; televisión; mecánicos; aguas y gaseosas; industria del vestido; industria química y petroquímica; industria gráfica; industria molinera; turismo; e industria maderera.

Por pedido de la CGT, y sin demasiada convicción del Gobierno y las empresas, finalmente no hubo un bono para los privados. “Se empioja la negociación paritaria, porque queda a cuenta de los futuros aumentos y no era algo políticamente redituable porque además ya se venía comentando públicamente”, resaltaron a Data Clave miembros de la negociación tripartita. 

El bono si estará presente para jubilados y pensionados. También habrá un refuerzo para quienes tienen el beneficio de la Tarjeta Alimentar, en un contexto de fuerte suba de los alimentos. Esas erogaciones forman parte del plan oficial para contener la pérdida del poder adquisitivo. 

Por otro lado, los trabajadores informales son los más afectados, mientras que las aperturas de paritarias no tienen efectos en ese segmento. El principal problema es recomponer los ingresos en este sector. Los cortes como los de la 9 de Julio de la semana pasada son cada vez más frecuentes y, más allá del método de protesta, hay un pedido legítimo.

Con la inflación desbocada, el Gobierno apuesta a salir del laberinto “por arriba”: Mejorar rápido los ingresos para que no pierdan capacidad de compra. En el mediano plazo, será vital controlar los aumentos de precios, sobre todo en alimentos, que en abril seguirán en niveles altos.