El próximo viernes 11 de agosto, apenas dos días antes de las elecciones primarias, vence el contrato de concesión de tres hidroeléctricas, luego de 30 años de manejo privado. Desde un sector del Gobierno quieren que vuelva a manos estatales, ante el rechazo de un grupo de exsecretarios de energía que pugnan por una prórroga de al menos un año.

Los contratos de las represas del Comahue son los primeros en vencer. Esto incluye a las hidroeléctricas que están sobre los ríos Limay y Neuquén: Alicurá, operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito, administradas por la italiana Enel; Planicie Banderita, bajo la concesión de la también estadounidense Orazul.

A estas se le suma la de Piedra del Águila, bajo la operación de la local Central Puerto, que vence el 29 de diciembre.

Desde un sector del kirchnerismo se habla de “recuperar el manejo” de estas cinco centrales que suman una potencia instalada de 4170 megawatts (MW), que representa el 10% del total de la oferta de energía eléctrica del país. Por su parte, los gobernadores patagónicos (representan a partidos provinciales) buscan administrar las represas

La idea es “crear una nueva empresa” con mayoría estatal, tanto nacional como provincial, pero que también acepte una participación de las privadas para el manejo.
Ante esta iniciativa, y otras alternativas, que el ministro Sergio Massa dialogó con los gobernadores electos Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, de las provincias de Río Negro Y Neuquén, respectivamente.

El Grupo de exsecretarios de Energía propuso prorrogar por un año los contratos de concesión por entender que el gobierno “pretende adoptar una actitud extemporánea” que terminará condicionando al que surja de las elecciones de octubre.

Nacionalizar las centrales hidroeléctricas, con participación de los gobiernos provinciales, es una “decisión inconducente e inconsistente ya que ENARSA no está en condiciones técnicas ni económicas”, agregó el documento suscripto por los exsecretarios Emilio Apud, Julio César Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, que integraron gobiernos peronistas y radicales.

ENARSA “tampoco reúne la experiencia para operar ni  para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita”, destacó el documento.

Por todo esto, y ante la “trascendencia del tema y sus efectos en el largo plazo” el conjunto de ex secretarios consideró que “esta decisión tiene que ser adoptada en el marco de la política  energética del próximo gobierno”.

Por lo tanto propuso “hacer uso de las cláusulas contractuales de los contratos vigentes cuyo vencimiento opera en fecha próxima” y prorrogarlas por un año.

“Ello permitirá que la decisión sea implementada por el próximo gobierno surgido de las urnas que asuma el 10 de diciembre de 2023. Y al mismo tiempo se contará con el tiempo suficiente para adoptar una meditada y racional decisión”, añadió.