Una vez más, el fuego ganó sin que nadie pague por eso. La Justicia Federal de Paraná sobreseyó este martes a los 42 productores rurales acusados ​​por los incendios en las islas entrerrianas frente a Rosario, ocurridos en 2020. El fallo, que llega cinco años después de los hechos, marca otro capítulo en la larga historia argentina de impunidad ambiental: pese a los daños masivos, no hay sanciones, ni civiles ni penales, para quienes fueron designados como responsables de prender fuego la tierra.

Todo comenzó en marzo de 2020, cuando la Municipalidad de Rosario, entonces y ahora bajo el mando de Pablo Javkin, presentó una denuncia ante la Justicia Federal. El expediente recayó en el Juzgado Federal Nº1 de Paraná, ya que los focos estaban del lado entrerriano del Paraná. El humo no entendía de jurisdicciones y castigó durante semanas a los rosarinos, encerrados por la pandemia, en medio de un calor extremo y una bajante histórica del río.

Las pruebas incluidas en la causa fueron diversas. La Municipalidad aportó imágenes satelitales que identificaban focos de calor puntuales, vinculados luego a predios privados con propietarios definidos. En base a eso se imputó a 42 personas, mayoritariamente productores agropecuarios. La hipótesis de la querella era concreta: habrían generado focos de incendio de manera intencional, para renovar pasturas o limpiar terrenos. Una práctica extendida que, bajo ciertas condiciones y permisos, incluso es legal en algunas provincias.

Pero el proceso no prosperó. Según el fiscal Claudio Kishimoto, “no fue comprobada la responsabilidad penal de las 42 personas imputadas, a pesar de haber determinado que muchos de ellos, como dueños de las tierras incendiadas, no hicieron nada para custodiar la presencia de personas ajenas que hicieron los fuegos”. Y aclaró que la falta de condena se aplica tanto desde la figura de delito doloso como desde la culpa. En otras palabras, no hubo evidencia suficiente de que aprendieron fuego, ni tampoco de que lo permitieron.

Para quienes vivieron aquellos meses en Rosario, el humo es inolvidable. Aislados por el Covid y tapados por el hollín, miles de vecinos padecieron crisis respiratorias, cancelaciones de actividades al aire libre y un deterioro sostenido en la calidad ambiental. La cobertura mediática fue intensa, y se llegó a hablar de una catástrofe ambiental. Pero la magnitud del desastre no alcanzó para sostener una causa judicial que llegara a condena.

Los datos oficiales son tan contundentes como el fallo fue laxo. En 2020 se incendiaron 487.000 hectáreas del Complejo Fluvio Litoral del Bajo Paraná, lo que equivale al 21% de sus humedales. A nivel nacional, ese año se registraron 1,1 millones de hectáreas quemadas y 318.181 focos de calor, casi el doble del promedio de los ocho años anteriores. Sólo en septiembre, más de la mitad de las provincias argentinas reportaron focos activos, con Salta, Entre Ríos y Córdoba a la cabeza.

El caso de las islas frente a Rosario es apenas un ejemplo de una lógica que se repite. En Argentina, el 95% de los incendios tienen origen humano, ya sea por negligencia, desidia o beneficio económico directo. Sin embargo, las condenas son una rareza. Y eso alimenta una sensación de impotencia en las comunidades afectadas, que cada vez que huelen a humo saben que no habrá sanción para nadie.

Según datos recientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, los eventos extremos de incendios continúan repitiéndose año tras año, con foco en regiones críticas como el Delta del Paraná, el noroeste y parte del centro del país. Aunque la crisis climática global amplifica la emergencia, la falta de control estatal y la ausencia de consecuencias legales son los factores que más preocupan a las organizaciones ambientales.