De acuerdo a los datos oficiales, el 6,5% de la población de la provincia de Salta se reconoce indígena, esto es, 79.204 personas sobre un total de 1.214.441 habitantes. Se trata una de las jurisdicciones con mayor cantidad de comunidades originarias.

Sin embargo, organizaciones sociales que trabajan en la provincia norteña denuncian que estos grupos padecen situaciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso a la salud y los servicios básicos. Los más afectados son los menores y las mujeres que residen en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín.

Estas zonas se encuentran actualmente en “emergencia sociosanitaria” por la pobreza, el hambre y la malnutrición que sufren históricamente. Esta situación se refleja en los datos estadísticos: al menos 7.543 menores de 5 años se encuentran en “estado de riesgo nutricional”.

Comunidades indígenas: denuncian que la mortalidad infantil y materna se agravó en la pandemia

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de un bebé de tan sólo 9 meses. El menor de la comunidad wichí murió en el Hospital Materno Infantil tras dar positivo de COVID. “Una víctima más de desidia del sistema sanitario de la Provincia de Salta. Estamos frente a un genocidio sobre un pueblo ancestral, la muerte de este bebé y la de otro más la semana pasada son consecuencia de las políticas clasistas, racistas, patriarcales”, denunció la Fundación Gema y señaló que días antes había fallecido otro infante con un cuadro de deshidratación.

A estas tragedias se suma la muerte de la adolescente wichí Aldana Quico, de 18 años, en el Hospital Juan Domingo Perón, quien estaba embarazada y su familia denuncia que no recibió un trato adecuado por parte del personal médico.

Irene Cari, integrante y activista del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, explicó a Data Clave que esta situación venía visibilizándose en 2019, pero que la “mortalidad infantil y materna” se “agravó en tiempos de la pandemia”. Cari manifestó que las mujeres y los niños sufren constante discriminación. “La pandemia pesó mucho sobre la vida y la salud”, señaló y advirtió que el Estado “está ausente”.

A la emergencia sanitaria por el COVID se le añade el contexto estacionario estival, ya que, entre los meses de diciembre, enero y febrero, los niños de las comunidades sufren enfermedades endémicas, como también cuadros de diarrea y deshidratación por la falta de agua potable.

También padecen el calor extremo y las consecuencias de los desmotes, junto con el avance de las actividades agrícolas en tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas. Estas familias tampoco cuentan con medios ni caminos adecuados para trasladarse en caso de emergencias médicas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -organización integrante del colectivo “Infancia en Deuda”- y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma obtuvieron esta semana una sentencia judicial en favor de los niños y adolescentes salteños.

En concreto, la Justicia de Salta ordenó al Ejecutivo local designar facilitadores interculturales en los hospitales y, además, garantizar albergues de tránsito para los pacientes y sus familias que deban ser trasladadas por motivos de salud.

Desde el Gobierno local afirman que se viene trabajando fuertemente sobre la situación alimentaria y nutricional de las comunidades, aunque admiten que falta "mucho por hacer". Según los últimos datos del Consejo Nacional de Políticas Indígenas de Argentina, Salta registró una "baja importante de la tasa de desnutrición en relación al resto de las provincias".