El Gobierno porteño recibió en las últimas horas denuncias de abogados ante los tribunales federales de Comodoro Py, en las que se acusa al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Salud, Fernán Quirós, por desentenderse del plan de vacunación permitiendo que las prepagas asignen discrecionalmente las dosis y otorguen privilegios a ciertos pacientes. Además, sostienen que hubo distribución de vacunas en locales partidarios vinculados a Juntos por el Cambio, especialmente en comités de la UCR.

El abogado Yamil Castro Bianchi denunció a Larreta y a Quirós por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, cohecho, malversación de caudales públicos y violación de medidas para frenar la propagación de la pandemia.

En diálogo con FM Delta, dijo que “están dejando que el virus se propague por el hecho de beneficiar a los amigos políticos” y aseguró que existen vacunatorios montados en comités de la UCR porteña, que dependen de jefes comunales.

En la misma línea, Castro Bianchi planteó dudas sobre la transparencia de la asignación de las dosis en CABA: "Queremos saber cómo fueron repartidas las vacunas en la Ciudad de Buenos Aires", dijo, y agregó que su denuncia “se centra en el uso de la vacuna con fines políticos”. La denuncia del letrado recayó en el juzgado federal N° 4 de Ariel Lijo y pasa a la fiscalía de Carlos Stornelli, quien definirá si la presentación judicial tiene sustento y si decide abrir la investigación.

Las denuncias al gobierno de la Ciudad tienen como denominador común que se les está otorgando potestad en la aplicación de dosis a los socios de los centros de salud de las prepagas. Que las autoridades entregan las vacunas para que las prepagas privadas definan a qué afiliados se las dan, brindándoles la decisión de elegir a quiénes y con la única tarea posterior de informar qué personas fueron inmunizadas. Se cree que este mecanismo puede dar lugar a cierta discrecionalidad en el manejo del programa de inoculación.

Otra de las denuncias es de Natalia Salvo. La abogada que patrocinó al empresario Pedro Etchebest, quien denunció extorsiones en el caso D´Alessio, presentó la demanda contra Larreta y Quirós por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, sobre la acusación de la existencia de contratos con prepagas y obras sociales cuyos términos se desconocen.

Según contó a Data Clave, Salvo asegura que en la Ciudad de Buenos Aires se está privatizando la vacunación contra el coronavirus y adelantó que pedirán al Gobierno de la ciudad que informe a quien se les dieron las vacunas recibidas del Gobierno Nacional. 

Tanto la denuncia de Castro Bianchi como la de Salvo cayeron en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo. Si se comprobara que se facilitaron vacunas de privilegio, los funcionarios habrían incurrido en un delito.

Desde el gobierno porteño informaron a Data Clave que “desde el principio de la campaña estamos diciendo que hay siete efectores privados que van a poder vacunar siguiendo la estrategia de nuestra campaña. Siempre lo dijimos. Es una manera de tener más acceso, que la ciudadanía tenga más acceso a llegar a la vacuna. Son siete que están en la web publicados y tienen que vacunar acompañando la estrategia de la Ciudad".

Sin embargo, la denuncia va por otros carriles: no es por la utilización de los centros, sino porque les están dando el poder de decisión a los privados, tanto a las obras sociales como a las prepagas. 

En tanto, se supo que un grupo de legisladores analiza pedir la interpelación de Quirós y exigir informe de listas de quienes recibieron la vacuna en la Ciudad de Buenos Aires. Utilizan el caso de Hugo Moyano como prototipo de lo que, según denuncian, está ocurriendo. 

EL CASO MOYANO EN LA DENUNCIA 

Cuando se conoció la noticia de la vacunación de Hugo Moyano y sus familiares en la Ciudad de Buenos Aires, Quirós aclaró que se había firmado un convenio con las prepagas y obras sociales por el cual debían entregar debidamente las dosis. Si se les entregaron las vacunas al sanatorio Antártida y a la familia Moyano y se dio margen para definir prioridades, eso pudo haber conducido a la vacunación de privilegio. El argumento del caso del sindicalista es utilizado por los denunciantes como ejemplo de que existe falta de controles y que los privados “hacen lo que quieren con las vacunas”.