El Ministerio de Desarrollo Productivo, junto a cooperativas de distintos puntos del país, presentó la primera iniciativa del Programa para el Desarrollo de la Economía Circular, que destinará $800 millones para financiar proyectos que aumenten la capacidad productiva de cooperativas de reciclado de plástico, papel, cartón, aceite vegetal y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

“Este es un programa que busca mejorar la infraestructura, los equipamientos, las capacidades, la capacitación. Es una de las muchas iniciativas para poner en valor una agenda de trabajo que es importante” destacó Guillermo Merediz. 

En ese marco, agregó que "la recuperación de la actividad económica tiene que tener en el eje de la recuperación la agenda ambiental. Pero la recuperación de la actividad económica y productiva de Argentina tiene que ser distinta, tiene que ser una recuperación que no vuelva a la situación previa, sino que sea con mejores condiciones para todos los ciudadanos, con mejores condiciones ambientales”.

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), el Programa para el Desarrollo de la Economía Circular, que forma parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, otorgará una asistencia en Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $30 millones -según el volumen y el tipo de material procesado- para financiar proyectos de cooperativas dedicadas a la recuperación de residuos, con foco en plásticos, papel y cartón, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y aceite vegetal usado.

El ANR, que puede cubrir hasta el 100% del proyecto, podrá destinarse a la adquisición de equipamiento, maquinarias o partes de maquinarias; ensayos, estudios y gastos vinculados a la obtención de registros, habilitaciones y certificaciones. A su vez, las cooperativas podrán financiar servicios de consultoría -por un monto como máximo del 20% del ANR con un tope de $1 millón- para desarrollos tecnológicos, el diseño y reingeniería de procesos y procedimientos. 

Si la cooperativa cuenta con la propiedad del inmueble, o el derecho a uso, también puede destinar como máximo el 20% del financiamiento a la realización de obras y mejoras de la infraestructura productiva.