El Gobierno Nacional eliminó la tasa anual obligatoria para los usuarios legítimos de armas de fuego y extendió a cinco años el vencimiento de los registros comerciales relacionados con la actividad. La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) a través de la Resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La medida fue rubricada por Juan Pablo Allan, titular del organismo, y se encuadra en lo que desde el Ejecutivo definen como una política de "simplificación y desburocratización de los trámites". Según el texto, se amplía a cinco años el plazo de vencimiento de inscripciones para fabricantes de armas de uso civil, municionistas, talleres de armado y reparación de vehículos blindados, y recargadores comerciales de munición.

Además, la normativa suprime el pago de la tasa anual para quienes estén registrados como usuarios legítimos y desarrollen actividades comerciales, cinegéticas (caza) o estén vinculados a entidades de tiro. Para este grupo, la inscripción continuará siendo obligatoria, pero sin el arancel que hasta ahora debían abonar anualmente.

Eso sí, deberán informar a la ANMAC dentro de los 30 días cualquier modificación que afecte los requisitos que presentaron al momento de inscribirse, en caso de que ocurra algún cambio en sus condiciones habilitantes.

Por otro lado, la resolución no modifica las normativas que rigen para importadores y transportistas del rubro. En ese sentido, se aclaró que esas competencias no están bajo la órbita de la ANMAC, por lo que seguirán vigentes los requisitos y pagos previos.

Con esta resolución, el Gobierno sigue avanzando en un camino de desregulación que ya mostró otras señales en los últimos meses. La eliminación de tasas para el registro de armas se suma a las modificaciones en la importación de repuestos, los beneficios arancelarios y la reducción de controles que el propio Allan había anticipado semanas atrás en diferentes encuentros con representantes del sector.

También se delegan facultades a las Direcciones Nacionales de Registro y Delegaciones y de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados, para que puedan ajustar los instructivos relacionados con los trámites afectados por este nuevo marco normativo. La idea es que los procedimientos se adapten rápidamente a esta flexibilización sin frenar el funcionamiento de las áreas implicadas.