La investigación por las embarazadas rusas que venían a parir sus niños al país por una organización que al mismo tiempo les tramitaba la ciudadanía argentina tuvo un nuevo impulso con una serie de allanamientos que se hicieron en los últimas días en clínicas privadas, hoteles de lujo y en un estudio jurídico. 

La jueza federal María Servini ordenó a la División Asuntos Migratorios de la Policía Federal que realizara una serie de procedimientos para dar con la ruta del dinero que cobraba la banda por traer a las ciudadanas rusas embarazadas a la Argentina para tener sus hijos en el país y obtener la ciudadanía de todo el grupo familiar. Según el poder adquisitivo del grupo familiar, llegaban a cobrar hasta U$S 30.000.

Fuentes oficiales dijeron a Data Clave que entre la semana pasada y esta, se realizaron allanamientos en clínicas privadas, hospitales donde se atendieron a las embarazadas rusas y en hoteles de lujo situados en Puerto Madero y en la Avenida Alvear, donde se alojaron. También hubo procedimientos en los estudios jurídicos donde realizaron trámites para que los ciudadanos rusos consiguieran la Carta de Ciudadanía.

Los allanamientos en los hoteles Park Hyatt y Alvear se realizaron porque se detectó que varios de los ciudadanos rusos que llegaron a la Argentina por las agencias bajo investigación se alojaron allí. La Policía obtuvo documentación de pagos realizados por una de las agencias con montos de hasta 6.000.000 de pesos a un hotel. 

Además se obtuvieron diversas facturas a nombre de una de las agencias bajo investigación y se descubrió que los depósitos se hicieron en efectivo a través de un cajero automático.

Embarazadas rusas: allanamientos en hoteles de lujo, clínicas privadas y estudios jurídicos

La jueza Servini ordenó también el allanamiento de una clínica en zona norte en la que presta servicios una profesional especialista en obstetricia la cual fue partícipe de gran cantidad de nacimientos de niños con madre de nacionalidad rusa. Allí se secuestró documentación de las pacientes en formato digital y papel, como así también su teléfono celular. 

La investigación se inició por una denuncia en el mes de diciembre del año 2022, en la que se alertaba sobre la existencia de agencias que fomentaban el ingreso de mujeres de nacionalidad rusas embarazadas al país, para que tuvieran sus hijos aquí y luego conseguirles la documentación necesaria para llegar a obtener el pasaporte argentino en un periodo de tiempo breve.

El pasaporte argentino se convirtió en un objeto de deseo para los rusos, luego del inicio de la guerra con Ucrania, ya que permite ingresar sin visa a muchos más países, especialmente de la Comunidad Europea.

En el comienzo de la pesquisa se había determinado que varias parejas rusas presentaron documentación apócrifa para conseguir las residencias permanentes. Los extranjeros que aspiren a la residencia tienen que validar una certificación de domicilio donde deben manifestar la decisión de vivir en país y dónde lo harán. Ese trámite es imprescindible para el avance del otorgamiento de la residencia permanente que otorga la Dirección Nacional de Migraciones. 

Al inicio del caso, se detectaron que en unos 70 trámites se presentaron constataciones de domicilios falsas. La documentación se presentó con firmas y sellos apócrifos de funcionarios policiales. Al momento del nacimiento de un bebé en la República Argentina inmediatamente obtiene la ciudadanía y el DNI. Luego de ello, sus padres tramitan ante Migraciones la residencia permanente. 

Una vez obtenida la residencia pueden solicitar la Carta de Ciudadanía, la cual se tramita ante la justicia en lo Civil y Comercial Federal y una vez que se consigue el periodo de obtención de dicho beneficio suele tardar dos años; permitiendo con ello obtener el pasaporte argentino. 

Embarazadas rusas: allanamientos en hoteles de lujo, clínicas privadas y estudios jurídicos

En la causa, los investigadores determinaron que el 80% de los ciudadanos rusos que realizan su radicación permanente en la Argentina emigran a otras latitudes perdiéndose con ello la esencia de la permanencia en el país. De ese modo queda claro que venir a la Argentina a tener sus hijos era sólo un medio para emigrar a otros países.

Hasta el momento, una de las investigadas en la causa es Elena Kuklina, quien administra la agencia llamada Argentina Family. La mujer fue imputada inicialmente junto a su esposo Ruslan Yuldashev, ambos de nacionalidad rusa. También está imputada la gestora Olga Guz, quien era la encargada de presentar la documentación de las ciudadanas de nacionalidad rusa ante Migraciones. 

La agencia Argentina Family ofrecía tres tipos de servicios que tienen precios de 3.500, 7.500 y 15.000 dólares para la gestión de los nacimientos, tanto como lugares de alojamiento como así también la gestión ante las diferentes clínicas para poder dar a luz. 

Estas pruebas se obtuvieron en Febrero del corriente año, luego de una serie de allanamientos en el ámbito capitalino, al secuestrarse documentación de suma importancia para la causa, equipos electrónicos, de almacenamiento y una gran cantidad de dinero en efectivo siendo estos de moneda nacional como así también, dólares estadounidenses y euros.

Otra faceta más del negocio de la llegada de ciudadanos de nacionalidad rusa a la Argentina es la participación de ciertos estudios jurídicos, los cuales se encargan de presentar un formulario para solicitar la Carta de Ciudadanía ante la justicia en lo Civil y Comercial Federal, pese a que no se requiere la participación de un profesional para su tramitación y es gratuita. 

En los procedimientos se encontraron convenios de honorarios entre los ciudadanos rusos y abogados por valores que van entre los 3.000 y los 5.000 dólares, pese que se tratan de trámites gratuitos.