La pandemia hizo que el gobierno asistiera con recursos estatales a distintos sectores que se verían afectados por las restricciones sanitarias, además de la fuerte crisis económica que acarreó la aparición del covid-19 en la Argentina y en el mundo.

Los decretos presidenciales estuvieron apuntados a evitar que la caída de la economía generara un golpe más fuerte sobre los sectores medios y bajos. Las continuas prórrogas dieron la pauta de que la situación revestía complejidad.

La vigencia de la suspensión de aumentos en alquileres y de desalojos por falta de pago es hasta el 31 de marzo, pero después de varias extensiones el Gobierno confirmó que esta vez no habrá prórroga: lo confirmó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

El funcionario aclaró que a partir de las herramientas que ofrece la flamante Ley de Alquileres, el Estado acompañará con mediaciones en los casos en que existan conflictos judiciales entre propietarios e inquilinos por deudas o por la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler cuando los precios se actualicen.

En tanto, el ministro aseguró que al establecer la AFIP que todos los alquileres deben registrarse en la plataforma del organismo, será más simple deducir el alquiler del Impuesto a las Ganancias.

Desde abril, los inquilinos verán cómo se actualizan los valores. Y en las entidades se preparan para enfrentar eventuales reclamos por los incrementos.

Desde el 1 de abril, entonces, los inquilinos deberán abonar el ajuste previsto -según lo que se haya acordado en cada contrato- y que no fue aplicado en los meses de congelamiento. Según la normativa oficial la diferencia puede ser abonada de 3 a 12 cuotas.

El titular de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, advirtió que el descongelamiento puede generar efectos negativos. Dijo a Data Clave que “hace tiempo que se viene proponiendo un plan de desendeudamiento al ministro, pero no tuvimos ninguna respuesta”.

Respecto del pedido de un “ATP” o asistencia estatal para inquilinos cuando se dé el ajuste, Muñoz consideró que hay temas que deben ser resueltos por las autoridades pero que aún no hay definiciones claras respecto del pos-descongelamiento y sus consecuencias para los usuarios. Además, recordó que “en la actualidad 1.100.000 de hogares deben alquiler” pese a los mecanismos de contención oficiales que rigen hasta fines de este mes.

Muñoz agregó que pese a que el Gobierno sostiene que la Ley de Alquileres dará garantías a los inquilinos, “no hay ningún control ni campaña de información y no se está aplicando bien”.

La Defensoría del Inquilino y Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también dialogaron con este medio. Su titular, Fernando Muñoz, dijo que no había suficiente información oficial más allá de las declaraciones de Ferraresi y que “no vamos a proponer desendeudamiento, sino que se deberán ocupar el Ejecutivo o el Congreso”.’

Por el lado de los propietarios, Data Clave entrevistó al presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar. Contó que se enteraron ayer de la decisión y que “está bien tomada porque ya no tiene sentido renovar esto”.

Y se mostró escéptico respecto de las posibles judicializaciones de la cuestión, cuando se levanten los congelamientos. “Los propietarios suelen ser inquilinos en otra propiedad y van a entender”.

Bennazar también sostuvo que “en el sector inmobiliario ya hay arreglos entre las partes y negociaciones permanentes”. Dijo que las inmobiliarias no creen que exista necesidad de una intervención estatal para solventar los pagos.

En relación con la Ley de Alquileres, Bennazar dijo que “no fue bien incorporada en el mercado por la pandemia y por la inflación”. Señaló que “el mercado viene en un tobogán en caída libre. Algunos propietarios entendieron que la renta no iba a ser la pretendida y se retiraron”. Al respecto, informó que el sector está incentivando a nuevas inversiones.

En relación con los valores que se ajustarán desde el primero de abril cuando se oficialice el descongelamiento, planteó que “un propietario puede pretender un valor, pero si tiene un buen inquilino el propietario puede adaptarse”. En cuanto a los pronósticos de cuánto pueden costar los alquileres promedios, sostuvo que “el mercado no lo puede prever”.

En tanto, la medida encendió las alarmas en los organismos de defensa de los usuarios. La titular de ADECUA, Sandra González, manifestó a Data Clave que “estamos alertas y daremos asesoramiento a quienes lo necesiten. Hay gente que no pagó los aumentos y que va a tener que pagar después del descongelamiento. Hay gente que arregló con su propietario. Hay gente que no pagó directamente los alquileres. Hay que ver qué dice cada contrato”, concluyó.