Otra vez se cumplen los tiempos concedidos por la justicia para encontrar una solución "pacífica" del conflicto de usurpación de tierras de Guernica, en Presidente Perón. La toma de la que habla el país. A diferencia de los tres vencimientos anteriores, en esta ocasión no habrá ningun tipo de prórroga. Así lo confirman altas fuentes judiciales a Data Clave. 

Sin embargo, esta historia de idas y vueltas no podía resolverse de manera sencilla, ni siquiera en aquello en lo que no tiene incidencia directa el ser humano. Un complicado pronóstico de lluvias y tormentas para el fin de semana hizo que el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni le solicitara al juez Martin Rizzo que postergue hasta el lunes 2 de noviembre la fecha límite.

El pasado jueves 15 de octubre comenzó, en teoría, un proceso de dos semanas para terminar de deshabitar el lugar. Eso fue lo que determinó la orden judicial y fue también lo acordado con la cartera provincial de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque. "Nosotros propusimos una última instancia de negociación, si no aceptan, habrá desalojo", dicen ahora desde ese ministerio. 

Durante la jornada del martes, en la toma hubo distintas asambleas para definir qué posición tomar respecto a la última propuesta de Provincia. En las más de 100 hectáreas que representan los terrenos todavía ocupados hay cuatro barrios principales: San Martín, La Unión, 20 de julio y La Lucha. Solo en uno de esas asambleas hubo una votación con resultado positivo.

"Todas las votaciones se dieron en un cuadro de militarización, con helicópteros sobrevolando la toma. Sólo en La Unión, con votación dividida, hubo aceptación. La gente de ese barrio tiene una propuesta concreta de lotes, el resto no. En San Martín hubo una respuesta negativa por unanimidad", explica Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero que aparece desde hace meses como uno de los voceros de los vecinos. 

El propio Andrés Larroque se encargó de demonizar el papel de las organizaciones sociales presentes en Guernica cada vez que tuvo oportunidad. En una de sus últimas conferencias de prensa sobre este tema, habló de "intereses políticos detrás de este conflicto", en referencia a las agrupaciones de izquierda. "El Gobierno debería concentrarse en resolver el problema de la tierra y la vivienda en lugar de señalar cosas que además no son ciertas", responde Belliboni. 

Por su parte, el ministerio de Seguridad de Sergio Berni tiene todo listo para un operativo de desalojo que contará con 4 mil efectivos de seguridad de más de 10 distritos e integrantes del Grupo Halcón. "Funcionaremos como auxiliares de la justicia y está todo preparado para que así sea, la fecha la definen ellos", explican desde el entorno del Ministro.

En la toma quedan actualmente entre 700 y 800 familias, según los datos que se obtienen si se cruzan los relevamientos de la Provincia con los de los movimientos sociales con presencia en el lugar, entre las que se destacan, además del PO, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Movimiento Darío Santillán.