Para evitar la propagación del covid-19 en la provincia, el gobierno de Formosa ha puesto en práctica un régimen sanitario que generó cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos por haber sometido a muchos ciudadanos a un aislamiento compulsivo.

Centros de aislamiento sin los mínimos requisitos de seguridad e higiene, personas contagiadas conviviendo con personas que esperaban sus test y una serie de vulneraciones que provocaron la intervención de la Corte Suprema, que pidió a la gobernación formoseña garantizar la libre circulación en territorio provincial y el ingreso de quienes durante meses quedaron varados a las puertas de su provincia esperando por ingresar.

Esta mañana, el observatorio Human Rights Watch y la universidad Johns Hopkins publicaron un extenso informe elaborado conjuntamente. El documento estuvo embargado hasta ayer a última hora y contiene un duro diagnóstico sobre la situación en Formosa y una condena al sistema utilizado por la provincia para miles de sus habitantes, que permanece vigente pese a las advertencias y a los exhortos internacionales y de la Justicia.

https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1375407178589290496?s=20

El informe es condenatorio de las “medidas frecuentemente abusivas e insalubres” que aplicó la gobernación para contener el avance del covid-19. Además, se cuestionan las restricciones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en la cobertura informativa de la pandemia. Recién en 2021 los medios pudieron nacionales pudieron ingresar a territorio provincial a través de recursos de habeas corpus presentados ante la Justicia.

Además, en el documento publicado por las entidades se afirma que Formosa habría “empleado excesivamente la fuerza” contra quienes protestaban contra las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento y contra las políticas sanitarias restrictivas.

Hay una mención aparte al caso de Clorinda, la localidad fronteriza con Paraguay que estuvo más de 100 días en un bloqueo sanitario extremo, con suspensión de transporte público y con sistemáticas vueltas a fase 1, protestas y represión policial. También se puso el foco en que en esa ciudad las políticas sanitarias terminaron perjudicando el acceso de los pacientes a la atención médica.

Human Rights Watch realizó entrevistas con 45 personas en Formosa, entre ellas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento. Además del rechazo generalizado y la exposición del tema, también concluye en que los centros insalubres pueden propagar la transmisión del virus y menoscabar derechos humanos básicos, según la médica y académica de la universidad Johns Hopkins, Kathleen Page.

También hay una fuerte crítica a la secretaría de Derechos Humanos. Luego de las denuncias, el titular de la cartera Horacio Pietragalla acudió personalmente a la Provincia, pero según el informe en su visita “solo visitó la ciudad capital de Formosa”.

En tanto, el documento sostiene que “aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí”, denuncia el informe.