Ahora el interés por el narcotráfico se concentró en Rosario, a fuerza de homicidios, ataques a tiros y violencia diaria. Pero desde hace décadas, la puerta para el ingreso de la cocaína en la Argentina se concentra en la provincia de Salta. Desde allí se distribuye por todo el país o se la envía a Europa donde su valor se multiplica.

Hace 16 años, el crimen de Liliana Ledesma provocó una conmoción en aquella provincia. Liliana era una vendedora de huevos que había denunciado que un productor de la zona, Delfín Castedo, estaba comprando tierras fronterizas con Bolivia, para asi tener su propia Aduana, digamos. Ella habia denunciado que Castedo, un capo narco, quería las tierras para permitir la entrada de la cocaína que venía del país vecino. Al mismo tiempo, había cortado los caminos rurales que usaban los vecinos de la zona.

El homicidio de Ledesma fue horrendo. La apuñalaron varias veces sobre un puentecito colgante y la cortaron en la cara, a la altura de la boca. Una señal inequívoca de que la mataban por haber hablado justamente. El cuerpo quedó tendido sobre la precaria pasarela de madera del Sector 5 de Salvador Mazza, a muy pocos metros de Yacuiba, la ciudad vecina en Bolivia.

A partir del lunes del próximo 20 de marzo, los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo comenzarán a ser juzgados por la justicia provincial de Salta por ese crimen. Están acusados por los delitos de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento en perjuicio de Liliana del Valle Ledesma.

Los hermanos Castedo gozaron de impunidad y estuvieron prófugos durante años, hasta que la Justicia federal logró su arresto, juzgamiento y condena por narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, justamente producto de la venta de drogas.

En diciembre último, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta, presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, condenó a Delfín Reinaldo Castedo, a 16 años de prisión por los delitos mencionados. Raúl Amadeo Castedo y el martillero público Eduardo Torino, recibieron una pena de a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita, encabezada por Delfín.

En el mismo fallo también se dispuso decomisar -a favor del Estado Nacional- la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, ubicada en el departamento salteño de General San Martín. Dicha propiedad abarca los lotes "Caricate”, “Nupiau” y “Quebracho Ladeao”, y limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que habia denunciado Liliana Ledesma días antes de su muerte.

Los fiscales recordaron durante el juicio oral los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones del narcotráfico, tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.

“Se refirieron al homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca “El Pajeal” para “pasar droga” desde territorio boliviano, ya que el campo colinda, en el país vecino, con una propiedad perteneciente a una hermana de los Castedo”, recordó el sitio Fiscales.

El Ministerio Público sostuvo que “la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado ya que Castedo no sólo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino que también contó con la cobertura legal del exjuez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso, quien fue acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, que le permitió al imputado mantenerse en la clandestinidad”.

El Tribunal de la Justicia de Salta que juzgará a los hermanos por el homicidio de Ledesma estará integrado por los jueces Edgardo Laurenci (presidente), Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi (vocales), quienes escucharán a 18 testigos en las auudiencias previstas.

Los autores materiales del crimen ya fueron condenados en 2010, cuando la ex Cámara en lo Criminal de San Ramón de la Nueva Orán había condenado por el mismo hecho a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres, a quienes les impusieron la pena de prisión perpetua.