La Justicia decidió rechazar el pedido de excarcelación de Ricardo Papadopulos, el joven que está detenido por atropellar y provocar la muerte de un chico de 5 años en Flores, a fines del año pasado.

La titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 62, Patricia Guichandut, rechazó el pedido del abogado Roberto Herrera, para que se le otorgue un arresto domiciliario al joven de 21 años.

El letrado sostuvo que “el   alojamiento   de   su   asistido   en   una dependencia del Servicio Penitenciario Federal hacía correr peligro su integridad física”, por lo que reclamó “el arresto domiciliario mediante la asignación de un dispositivo de vigilancia electrónica”.

Además el abogado, para fundar su pedido, solicitó que  “a fin de asegurar aún   más   la sujeción de su asistido al proceso, no obstante la utilización de un aparato de localización satelital con una perimetral, se disponga la prohibición de salida del país, el secuestro de su pasaporte ­en el caso de que posea”, y entregar la escritura de la casa de su padre donde se cumpliría el arresto.

Cuando se le corrió vista al Ministerio Público, el fiscal Augusto Troncoso solicitó que “no se hiciera lugar al arresto domiciliario solicitado por la defensa del encartado Ricardo Emanuel Papadopulos, ello por cuanto el incuso estuvo prófugo de la justicia durante ocho días sin   que se sepa de su paradero o quién o quiénes le ofrecieron protección, lo que resultaba una pauta de que en caso de que recupere la libertad ­ e incluso bajo el arresto domiciliario­ permita sostener que se dará a la fuga”.

En esa línea, la jueza Guichandut resolvió rechazar el pedido de arresto domiciliario al considerar que “existen motivos suficientes para considerar que Ricardo Emanuel Papadopulos de concedérsele el arresto domiciliario podría intentar nuevamente eludir el accionar de la justicia”.

Aseguró que tras atropellar al nene Isaac Ovadía Sus, el imputado “se dio a la fuga, ocultándose de la justicia durante ocho días, tiempo durante el cual   se ha   dispuesto   profusas diligencias y registros realizados para dar con el paradero del encartado, lo que da cuenta que  éste posee una red de cobertura que podría amparar su desapego al proceso corroborándose un efectivo riesgo de fuga”.