Detrás de las cifras de casos y muertes de coronavirus en Formosa, las más bajas en el país según datos oficiales, la estadística sanitaria del gobierno de Gildo Insfrán está generando un sinfín de denuncias por violación de derechos humanos en los centros de aislamiento. Ciudadanos en condiciones inhumanas y exhortos de organismos internacionales ponen a la provincia en el eje de la discusión pública y a la Casa Rosada bajo la presión de sostener al gobernador.

El caso de Mónica Racino es un testimonio de la realidad que están atravesando muchas personas en Formosa, donde desde hace varios días se habla de “aislamiento compulsivo”: las autoridades llegan a la puerta de quienes son contactos estrechos de positivos o considerados casos sospechosos, los notifican e inmediatamente los trasladan a hospitales y a centros de aislamiento en ambulancias.

Ciudadanos a los que les tocó vivir esa situación cuentan que los encargados de esos operativos no informan los sitios de destino y que los procedimientos pueden ser a cualquier hora.

Mónica cuenta que “el jueves 14 nos levantaron de mi casa y nos dijeron que nos tenían que llevar. El que manejaba la ambulancia era oficial de policía. Nos dijeron que habíamos tenido contacto estrecho con un falso negativo”.

Simultáneamente, su marido fue detenido en la ruta a 500 metros de su casa y llevado al centro de aislamiento del estadio Cincuentenario. Le comunicaron que había sido un “falso negativo” y lo trasladaron en el momento.

“Se hisopó por el trabajo, al otro día lo paró la policía. Lo llevaron directamente, así como estaba. No le dieron ni tiempo para agarrar la ropa”, relata su esposa de 27 años.

Junto a sus tres hijos Abraham de 2 años, Mia de 4 y Felipe, de 7; Mónica fue sorprendida pasada la medianoche por las autoridades locales. “Pensamos que serían médicos, pero nunca vimos personal de la salud”, relata.

Luego fueron llevados a un hospital donde les realizaron hisopados y alrededor de las 3:30 llegaron a la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 42 del barrio Juan Domingo Perón, donde funciona un centro de aislamiento.

“Nos dieron dos camas para los cuatro, nos trajeron comida en mal estado. Los fideos los calentaron con agua tibia y los trajeron. El pollo estaba podrido. Después nos dieron cubiertos de plástico y no pude ni siquiera cortar la milanesa. Aunque digan que no, la comida estaba mala”, contó en diálogo con este medio.

Hace 13 días que Mónica, Abraham, Felipe y Mía viven en condiciones de absoluta precariedad. Los chicos están lejos de su papá y preguntan a su mamá cuándo podrán volver a su casa. Les realizaron dos PCR a cada uno y todos dieron negativos: “Ni mis hijos ni yo somos portadores del virus. Estamos esperando para que nos den la libertad”.

En tanto, este martes los volvieron a hisopar. Aunque el argumento de la gobernación parece ser el cuidado de la salud, Mónica denuncia: “Salud no tenemos si estamos presos y privados de nuestra libertad. Es humillante”.

Las imágenes que pudo registrar la joven desde adentro de la escuela reflejan el contexto, el trato y la atención médica que están recibiendo: personal del lugar se acerca a las rejas y los aislados estiran sus brazos para que les tomen la temperatura. Allí funciona la mesa de entradas.

También hay policías de guardia en el centro de aislamiento: los efectivos están encargados de entregar los alimentos y lo que envían los familiares. “Mis chicos comen lo que mi papá nos acerca. Galletitas, leche, jugo y frutas. No quieren comer la comida de acá. No vemos la hora de irnos para casa”.

 

Mónica vive junto a su familia en un lote en el barrio NamQom, entre las rutas 81 y 11. “Vivo en un barrio humilde. Trabajo en un kiosko. Somos una familia trabajadora, siempre nos ganamos el pan de cada día con esfuerzo”.

Cuenta que los accesos a la localidad fueron cerrados con camiones de transporte de tierra por las restricciones de la gobernación y que el barrio entero está aislado. “La única entrada es la del control sanitario. Solo pueden entrar y salir los que tienen permiso”.

Formosa tiene a la fecha 1093 casos de covid-19 desde el comienzo de la pandemia y 11 muertes a causa de la enfermedad, pero sostiene férreas medidas sanitarias en toda la provincia. La capital está en fase 1 y la ciudad de Clorinda, por ejemplo, lleva más de 100 días de bloqueo.

La discusión por la política sanitaria de Formosa se instaló en el centro del debate político. Esta mañana se conoció que la Cámara Federal ya trata el habeas corpus presentado por el senador Luis Naidenoff.

Del lado del gobernador Insfrán, el ministro de gobierno Jorge González sostuvo que “no hay hacinamiento en los centros de aislamiento” y atribuyó las denuncias a una campaña mediática. Además, negó las acusaciones y apuntó contra oposición, colocando el debate por los derechos humanos en términos partidarios.

En tanto, se supo que la mayoría peronista en el Congreso no hará lugar al pedido opositor para la intervención federal de los poderes Ejecutivo y Judicial de Formosa, lo que imposibilitaría que se debata la cuestión en el ámbito parlamentario.

Tampoco el PJ acompañará el llamado a funcionarios de la gobernación de Insfrán a dar explicaciones ante el parlamento. Pese a ello, la oposición avanza con la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apunta a un fallo externo ante el blindaje y la banca oficial. Los centros de aislamiento y el aislamiento compulsivo siguen en la mira mientras crecen las denuncias y más testimonios revelan lo que está ocurriendo en la provincia.

Este mediodía, Insfrán convocó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y al titular del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Irrazabal, a recorrer la provincia y a observar la estrategia sanitaria.