La Fiscalía General de la República de Brasil le pidió al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia en el país, abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro por el escándalo de la sobrefacturación en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud. 

El caso aumenta la tensión política y hace caer fuertemente la imagen de popularidad de Bolsonaro. La gestión de la pandemia, con medio millón de fallecidos, generó un clima de manifestaciones constantes en varias ciudades contra el presidente.

El pedido que cursó la fiscalía apunta a determinar si Bolsonaro cometió el delito de prevaricato, es decir, si obvió hacer un pedido para investigar corrupción luego de haber sido informado del posible delito por el diputado Luiz Miranda, uno de sus aliados, el 20 de marzo pasado.

La solicitud fue hecha por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente. El escándalo se disparó luego de que se conociera una posible sobrefacturación en la compra de dosis de Covaxín por más de once veces su valor.

El diputado Luis Miranda, de un partido oficialista aliado y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante una comisión investigadora del Senado que habian advertido a Bolsonaro de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.

Por esta declaración, el pedido de la fiscalía busca establecer si el mandatario, sabiendo del delito, no informó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado otro aliado del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, ex ministro de Salud de Michel Temer.

El gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces titular de la cartera sanitaria, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia, tras ser desplazado del cargo el 23 de marzo, o sea, al día siguiente de la supuesta comunicación de Bolsonaro sobre la irregularidad denunciada por los hermanos Miranda.

El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la Casa de Gobierno.