Tras las polémicas idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición por la adquisición de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que el Gobierno “está en los últimos tramos de las negociaciones con la farmacéutica estadounidense para comprar los compuestos". Además, afirmó que “se están haciendo las gestiones para un convenio bilateral con Janssen y Moderna”, en declaraciones a radio Metro.

La carrera por obtener las vacunas y el acceso desigual en los diferentes países del mundo reavivó el debate sobre qué hay detrás de las compañías farmacéuticas y las relaciones con el poder.

Un reciente análisis del sitio especializado STAT reveló los vínculos de los laboratorios con la política de los Estados Unidos. Está basado en registros oficiales de las contribuciones que realizaron las compañías en las campañas electorales del 2020.

De acuerdo al informe, dos tercios del Congreso aceptó por lo menos un cheque de aporte de la industria farmacéutica antes de las elecciones del 2020 (72 senadores y 302 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos).

Pfizer realizó una prolífica contribución en las campañas, al emitir cheques a 1048 candidatos en las elecciones legislativas de 43 estados y dio aproximadamente un millón de dólares a miembros del Congreso. Según STAT, esto no es una sorpresa, ya que la compañía tiene una larga trayectoria en la asignación de recursos a los políticos a nivel federal.

STAT develó que la cámara de los laboratorios multinacionales PhRMA financió 2.400 campañas de legisladores estatales, mientras que la industria farmacéutica estadounidense contribuyó con 14 millones de dólares a las campañas electorales del año pasado.

“La amplitud del gasto destaca la continua influencia de la industria farmacéutica en Washington. Incluso después de años de críticas del Congreso y la Casa Blanca por los altos precios, sigue siendo una rutina que los funcionarios electos que regulan la industria del cuidado de la salud acepten sumas de seis cifras”, afirmó STAT.

Las donaciones son “parte de nuestros esfuerzos generales para avanzar en políticas públicas que apoyen las necesidades de salud de nuestros pacientes”, dijo Sharon Castillo, vocera de Pfizer en un comunicado.

El vocero de PhRMA, Brian Newell, señaló en un comunicado que la industria estaba monitoreando más de 200 propuestas legislativas estatales en 44 estados diferentes, así como también otras 220 leyes en Washington — todas tendrían un impacto en las compañías biofarmaceuticas.

“No es sorpresivo que nos involucremos con los legisladores de ambos bandos que tienen una amplia gama de opiniones y prioridades respecto al cuidado de la salud”, indicó.

STAT destaca que en 2020, “el gobierno federal se apoyó en gran medida en los fabricantes de medicamentos para desarrollar vacunas COVID-19 a la velocidad del rayo, lo que ayudó a rehabilitar la reputación y la credibilidad política de la industria en el proceso”. El sitio incluye un mapa interactivo donde se pueden visualizar las contribuciones monetarias. 

El foco estuvo puesto en el reparto de dinero para los integrantes de los comités encargados de la legislación sobre atención médica, regulaciones de precios y leyes de propiedad intelectual.

Los principales beneficiarios fueron Richard Hudson (republicano de Carolina del Norte) que recibió US$ 139.500 para su campaña, Kurt Schrader (demócrata de Oregón), Robin Kelly (demócrata de Illinois),  Anna Eshoo (demócrata de California), Thom Tillis (senador republicano) y Chris Coons (senador demócrata).

En el Congreso 7.1 millones de dólares fueron para los republicanos y 6.6 millones para los demócratas. En las contribuciones para las legislaturas estatales, los aportes se dieron coincidentemente a prácticamente todos candidatos ganadores.

La investigación de STAT se basó en datos del Center for Responsive Politics, que detalló las donaciones de los 23 fabricantes de medicamentos más grandes y las cámaras empresarias PhRMA y BIO a los miembros del Congreso en 2019 y 2020.