El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la página oficial y sus redes sociales, comunicó la modificación del esquema de evaluación para el ingreso al sistema de residencias. En el comunicado informan que “el actual sistema no contempla las marcadas diferencias entre el sistema educativo argentino y los del exterior, lo que genera una desventaja inaceptable para nuestros médicos formados en suelo argentino”. Para ello se propone “otorgar un adicional de 5 puntos para quienes rindan el Examen Único de Residencias habiéndose formado en el país”.

La medida anunciada por el Ministerio de Salud habilita una lectura rápida, superficial y tendenciosa: presenta como beneficiarios a profesionales formados en el país en el contexto de un conflicto salarial y de crecientes demandas al gobierno por el financiamiento del sistema público de salud, al tiempo que posiciona a “lo extranjero” como parte del problema. Ahora bien, detrás de esta medida se esconden al menos dos cuestiones sobre las que vale la pena detenerse: 1) ¿Los cinco puntos adicionales corrigen realmente la supuesta distorsión que, según el gobierno, favorecía a quienes se formaron en el exterior? y 2) ¿Qué nos dice el uso del argumento del orden de mérito sobre las intenciones del gobierno, al instalar una idea de “distorsión” centrada en los extranjeros?

A continuación vamos a responder la primera pregunta.

En base a la información publicada en el Tablero sobre “Caracterización Sociodemográfica de Postulantes que Rindieron el Examen Único”, del Observatorio Federal de Talento Humano en Salud, creado a finales de 2022, efectivamente los postulantes que se formaron en instituciones extranjeras, pero también privadas, cuentan con un promedio de la carrera mayor a los postulantes formados en instituciones argentinas estatales (Universidades Nacionales). Este dato es clave porque revela una omisión importante por parte del Ministerio: el contraste no se da simplemente entre lo nacional y lo extranjero, sino que, en realidad, la diferencia más significativa se observa entre universidades extranjeras y privadas (argentinas o no) y nuestras instituciones públicas. Entonces, en caso de haber una desventaja, la misma recae sobre los egresados de las universidades nacionales.

Sin embargo, en el mismo tablero puede observarse que las notas del examen de quienes se formaron en nuestras Universidades Nacionales superan por al menos 5 puntos a quienes se formaron en instituciones privadas y en 15 puntos para quienes se formaron en instituciones extranjeras (2024). Con estos datos y para desarmar la afirmación de “distorsión” analicemos, ahora, cuánto aporta cada factor al puntaje final.

Según lo definido por en el Artículo 11 de la Resolución Ministerial 250/2019 el puntaje final con el cual se genera el ranking para ingresar a una residencia, hasta ahora, dependía del puntaje del resultado de la prueba escrita de 100 preguntas múltiple opción del Examen Único (E) por (x) 0,5, más (+) el promedio de la carrera (P). En la fórmula propuesta, el examen representa el 83,33 % del resultado del ranking y el  promedio de la carrera representa el 16,67 %. Es decir, el examen tiene un peso 5 veces mayor que el promedio.

En resumen, tanto por el peso que tiene el promedio (menor que la nota), como por el resultado de la nota del examen (superior de aquellos que estudiaron en instituciones nacionales), no existe tal desventaja para nuestros estudiantes por sobre los extranjeros.

En todo caso, si lo que se pretende es valorar el “esfuerzo de nuestros médicos”, el gobierno debería garantizar y fortalecer el financiamiento del sistema universitario nacional, generando las condiciones para seguir formando a profesionales de excelencia.

La primera conclusión ante la evidencia objetiva nos permite mencionar que la afirmación sobre “desventaja inaceptable”, es totalmente falaz.

Vayamos, entonces, a la segunda pregunta. Para responderla, nos basamos en la literatura que afirma que en general, los partidos de derecha, especialmente aquellos alineados con posturas nacionalistas, tienden a rechazar o expulsar a los extranjeros como parte de una estrategia política que busca reforzar una identidad nacional homogénea y apelar al miedo o la inseguridad percibida por ciertos sectores de la población, sus votantes. Este enfoque se nutre tanto de factores económicos como de la competencia por empleos o recursos públicos. En escenarios marcados por la crisis o el malestar social, estas dinámicas encuentran en la migración un blanco funcional, útil para desviar la atención de conflictos estructurales internos. Lo paradójico del caso es que estamos ante un gobierno que, por un lado, adopta posturas que aparentan proteger a los profesionales argentinos frente a una supuesta amenaza extranjera —articulando discursos xenófobos, medidas discriminatorias y estrategias para desalentar la inmigración, incluso la de profesionales de la salud— y, por otro, implementa políticas públicas orientadas al vaciamiento y la desfinanciación del sistema educativo, sanitario y del estado nacional en su conjunto.

Finalmente, si en realidad se pretende asegurar que quienes se formaron en el país continúen el camino de la residencia, no deben hacer más que dar lugar a los reclamos de las y los residentes, a los del Hospital Garrahan, a los del Hospital Bonaparte y de todas las residencias a las que destratan con las medidas implementadas de público conocimiento. Basta con presenciar una adjudicación de cargos de residencia para comprender que, si muchas de ellas no se cubren con egresados de nuestras universidades nacionales, no es por la existencia de reglas “distorsivas”, sino porque muchos jóvenes optan por incorporarse a un mercado laboral que les ofrece mejores condiciones laborales y salariales que las residencias.

Que una parte importante del sistema de atención esté conformada por profesionales de distintas nacionalidades y trayectorias formativas no constituye, en sí mismo, un problema. Más bien, se trata de un dato que invita a formular preguntas clave: ¿qué capacidad tienen las instituciones formadoras para perfilar preferencias?, ¿qué condiciones laborales están dispuestas a aceptar algunas personas y otras no?, ¿qué espacios resultan competitivos y cuáles no?, ¿valoramos realmente las competencias que brindan nuestras universidades?, y, en última instancia, ¿está el sistema de salud en condiciones de aspirar a diferencias académicas y reconocerlas adecuadamente? De las respuestas a estos interrogantes podrían surgir políticas públicas orientadas a garantizar un lugar para todos los profesionales en nuestro sistema de salud.

No sea cosa que inclinar la cancha en contra de residentes extranjeros derive en otra forma (una más) de despoblar nuestros hospitales públicos, como medida para justificar su desmantelamiento y más privatización, o estimular la oferta de trabajadores disponibles, para instituciones que mantienen políticas de flexibilización laboral.

Si queremos revertir las tendencias sobre la falta de elección de residencias, las propuestas deben ser serias, reales, informadas y construidas por todos los actores que hoy participan en la formación de profesionales de la salud en nuestro país, en particular incluyendo a los y las residentes, y no con slogans falaces.