En líneas generales, el proyecto tiene, por lo menos, tres aristas de relevancia: un blanqueo, la concesión de un peligroso poder de fuego para que el Poder Ejecutivo utilice sobre “presuntos evasores” y el uso información fiscal para segmentar y aumentar las tarifas.

Amnistía fiscal

Aunque se lo quiera esconder bajo un ropaje distinto, está claro que la propuesta habla de un blanqueo tributario. Amnistía que, dicho sea de paso, llega en el momento menos adecuado. 

¿Por qué? En primer lugar, porque debería aprobarse cuando el Poder Ejecutivo (sea durante este gobierno o el próximo) se consolide en lo económico y en lo político. En segundo lugar, debería implementarse cuando haya un mínimo de seguridad jurídica y, particularmente, seguridad jurídica tributaria. 

Por último, el acuerdo con el FMI establece que no deben aprobarse amnistías fiscales en el país mientras se realicen los pagos de la refinanciación de la deuda. Algo que, en pos de poder recuperar el préstamo, no se descarta que el organismo flexibilice.

Superpoderes

Otra de las características de la propuesta es que, a falta de incentivos económicos para ingresar al blanqueo, para infundir terror, otorga un conjunto de superpoderes al Poder Ejecutivo y a ciertas comisiones legislativas. Ya se sospecha que podrían ser utilizados con meros fines políticos, pues provocan, en los hechos, verdaderas confiscaciones patrimoniales sin garantizar un mínimo derecho de defensa.

La mayoría de las medidas que se proponen en el proyecto no superan un mínimo test de constitucionalidad, pretenden pasar por encima del Poder Judicial (del país y hasta del de otras naciones) y resultan peligrosas en un sistema democrático.

Además, no hay que olvidar que todas las herramientas para reclamar los fondos de la evasión ya están contempladas por la legislación vigente y garantizan el crédito fiscal con procesos que prevén la debida intervención de terceros imparciales (Tribunal Fiscal, Justicia).

Tarifas

En otro de los proyectos presentados junto con el analizado se introducen nuevas y numerosas excepciones al secreto fiscal en normas como la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Mercado de Capitales, entre otras.

Asimismo, se prevé -y ésta es una de las normas más importantes, a mi criterio, a nivel presupuestario- que dicho deber de sigilo no aplicará para los organismos de control del sector energético, como el ENRE y el ENARGAS. 

Esto significa que la nueva ley les permitiría a tales organismos acceder a información ahora protegida por el secreto fiscal, para poder proceder a la segmentación de tarifas entre diversos usuarios. Éste podría ser el ajuste fiscal más importante que se avizora. 

Claro que, para ponerle un poco de épica, se lo incorpora en este polémico proyecto con supuestos fines nobles como lo es el combate contra la evasión (que no es tal, ya que se tiende un puente de oro a los evasores).

Novedades y otros cuestionamientos

Las propuestas parlamentarias presentadas por el kirchnerismo tienen también otros aspectos cuyo funcionamiento puede generar dudas. 

Tal es el caso de la nueva figura del “colaborador“ (o “whistleblower”, como se lo denomina en otros países), cuyo éxito estaría limitado por la forma en que se instrumente y por la credibilidad que se brinde en torno a los resultados. 

Si bien el otorgamiento de una parte de lo recaudado (hasta el 30%) es algo novedoso en materia tributaria nacional, probablemente hubiese resultado más interesante tratar esta flamante figura en un contexto de reforma impositiva integral.

Por otro lado, el “aporte especial de emergencia” (que no es otra cosa que un impuesto con todas las letras) tiene establecido algo verdaderamente inédito: el pago debe efectuarse en dólares estadounidenses.

Por último, hay detalles parlamentarios que parecen obviados por las necesidades políticas del Gobierno, como que el proyecto debería haber sido presentado en la Cámara de Diputados y no a través del Senado, como en este caso. 

También resulta curiosa la aplicación específica de los fondos. Según la propuesta, todo lo recaudado debe ser utilizado para pagar la deuda con el FMI. Pero para que ello ocurra, según la Constitución Nacional, la ley debería ser aprobada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Algo que parece difícil de conseguir en las condiciones políticas actuales.

Sin perjuicio de lo inoportuno y peligroso de este proyecto y más allá de las posibilidades de que sea aprobado, queda claro que el kirchnerismo sigue siendo una pieza central en la actual coalición, por lo menos al momento de marcar una agenda. Una agenda que espanta cualquier atisbo de racionalidad económica, de posibilidad de inversiones y de una sostenible recuperación económica.