Aguda situación socioeconómica, con salarios que no terminan de salir del fondo del océano. Tras un año de recuperación en el margen, muy reducido en relación al repunte macro, cae una guerra que escala el precio de los alimentos en todo el mundo e interrumpe la recuperación.

En el primer mes de impacto pleno se esbozaron alternativas para contener el impacto interno. Desde acuerdos voluntarios hasta fideicomisos, pasando por la suba parcial en retenciones. Son paliativos válidos pero insuficientes. Parar un shock de esta magnitud es como buscar contener agua entre las manos. Así las cosas, en los últimos días parece empezar a madurar una salida por los salarios:

-Se aceleró la reunión del Consejo del Salario Mínimo para el aumento del SMVM.

-Se convalidaron paritarias acordes a una meta más realista de inflación sin usar los salarios como ancla inflacionaria.

-Se dispuso un bono para las jubilaciones.

Nada es suficiente. La enorme porción de las y los trabajadores comenzó el año corriendo muy por detrás a la variación de precios, que acumulará alrededor de 15% en solo tres meses. Si bien es cierto que el promedio de salarios del sector privado está en terreno positivo desde el inicio de esta administración, hay mucha heterogeneidad entre sectores de actividad. Además el sector público y el privado no registrado aún siguen en terreno rojo. Más aún, con subas más sensibles en alimentos, el peso promedio de la canasta básica sobre los salarios sigue alto. En el último quinquenio aumentó 3 puntos en relación a la canasta total.

Dos posibilidades para apuntalar la trama distributiva son un shock de salarios y una expansión del gasto en políticas alimentarias.

Por caso, un aumento de $10.000 para todos los trabajadores privados se podría implementar por decreto, como se hizo efectivo en el inicio de la actual gestión, o en el año 2004. Para que no sea un efecto efímero, podría tratarse de un monto remunerativo, a cuenta de paritarias futuras. Una medida (módica) como esta ya produciría una expansión superior a los $95.000 millones incluyendo a trabajadores del sector público, lo cual equivale a 0,15% del PBI.

Si bien el mecanismo no es ideal, por lo menos sostiene parcialmente el poder adquisitivo de los ingresos. En cuanto a la incidencia, una suba automática de $10.000 representaría un salto (hoy) de 8,7% sobre el salario medio y de hasta el 25% sobre el salario mínimo (tras la actualización de abril).

Otra medida relevante para el corto plazo sería aumentar la cantidad de recursos transferidos por el Estado al sector privado bajo mayor vulnerabilidad. Hoy el fisco presenta una mejora de sus niveles de recaudación por el fruto de la recomposición de la actividad y los mejores precios internacionales de las exportaciones argentinas, que permiten recaudar más derechos de exportación. Pero en el saldo fiscal también influye la variación nominal de precios, que ajusta más rápido los ingresos del Estado que sus erogaciones.

Esto implicará una mayor recaudación por impuesto inflacionario, independientemente del ciclo económico. Estimamos que el efecto sobre los ingresos tributarios trepa por sobre los $140.000 millones. Este diferencial sería suficiente para el ya anunciado bono de abril a los jubilados, además de un aumento de emergencia por única vez del 50% para la AUH y la Tarjeta Alimentar, y para fortalecer otras partidas de política alimentaria, como los fondos para comedores comunitarios. Aún así, quedaría un saldo remanente superior a 0,1% del PBI para cerrar la brecha fiscal, en el marco del compromiso del programa con el Fondo.

La situación socioeconómica es urgente, y la agudización de la crisis de ingresos hoy se explica casi totalmente por un factor externo sobre el cual nuestro país no puede influir. Apuntalar los ingresos es la alternativa para evitar un recrudecimiento de los números de pobreza e indigencia, fenómeno que sería totalmente incompatible con una economía creciendo y con empleo recuperando. Con política de precios no alcanza. El Gobierno puede hacer su parte para apuntalar los salarios.