La Inspección General de Justicia de CABA impuso a través de una resolución de su director Ricardo Nissen, de aplicación inmediata, que el 50% de los cargos directivos en numerosas sociedades, fundaciones y otras entidades sean ocupados por mujeres.

El primer reparo que genera esta resolución radica en su total desconocimiento sobre el funcionamiento de las organizaciones privadas. O, lo que sería peor, un intento de cambio organizacional en las empresas mediante una intromisión indebida e ilegal del Estado.

Las organizaciones privadas eligen a su management, a sus directores, a sus síndicos, en función de sus antecedentes, sus capacidades y sus experiencias, entre muchas otras cualidades. Normalmente ello ocurre a través de procesos de selección muy profesionales, que no existen en el Estado, ni siquiera en dependencias como la IGJ, en la que los cargos directivos son designados políticamente y virtualmente “a dedo” sin tener en cuenta la paridad que pretenden imponer a las empresas.

Las entidades privadas tienen la libertad, el derecho e incluso el deber de organizar e integrar sus órganos de gobierno y control con quienes consideren los mejores, sean hombres o mujeres. El Estado no tiene nada que hacer ahí, porque son decisiones privadas ajenas al control estatal, que tienen resguardo constitucional.

Esos procesos de selección, por lo demás, no exhiben discriminaciones de género; y si las hubiera existen mecanismos legales para denunciarlas, investigarlas y eventualmente sancionarlas. No es a través de una resolución nítidamente autoritaria como se contribuye a la preservación de derechos y libertades.

La resolución de Nissen genera además una increíble inseguridad jurídica. No son pocas las empresas que ya tienen que hacer reportes al exterior explicando que el Estado argentino les está diciendo cómo tienen que conformar la conducción de sus empresas en Argentina; un caso sin comparación en los países desarrollados. Lo propio pasa con los empresarios argentinos y con los futuros emprendedores.

Flaco favor hace la IGJ a la imperiosa necesidad que tiene Argentina de generar inversiones, y de generar las condiciones para la creación de empresas y empleo. Ello más allá del incremento de costos que  provoca esta decisión, en tiempos en los que no sobra un centavo en la economía.

Además, y desde lo técnico jurídico, la resolución es ilegal: la IGJ no tiene facultades para modificar el Código Civil y Comercial ni la ley nacional de sociedades, que es lo que hizo; se arroga el carácter de legislador y altera la jerarquía normativa en cuyo vértice está la Constitución. Más inseguridad jurídica.

Un reconocido profesor titular de la UBA fue categórico al leer el texto: “La resolución está infundada, es ilegítima y es inconstitucional; configura además un ejemplo claro de desvío y abuso de poder. El Inspector de Justicia no tiene competencia, no tiene atribuciones, para modificar el Código ni la Ley de Sociedades y lo viene haciendo autoritariamente en muchas resoluciones. Y lo peor es que esta nueva resolución no solo es ilegal y perjudica a muchas entidades sino que no es útil para contribuir a la igualdad de género, porque lo único que logrará es que se evite la jurisdicción de la IGJ para registrar sociedades y en todo caso se multiplicarán los casos de “mujeres de paja” o mujeres prestanombres”.

Se trata de demagogia jurídica. ¿será que la idea es trasmitir la imagen de lucha por la igualdad de género, quizás para obtener votos futuros, pero esconde la verdadera finalidad que es atacar y dañar a las empresas, al sector privado, metiéndole al Estado por la ventana de la administración de todas las empresas; diciendo que el Estado es quien diseña la administración de las empresas?  ¿Qué seguirá? Nadie lo sabe; pero cabe imaginarlo; más atropellos de este organismo y más juicios. Nada bueno para Argentina.

La IGJ a la vez está dictando otras resoluciones que encarecen la constitución de sociedades y su funcionamiento, incrementando trámites, burocracia y aranceles y tasas; cuando ni siquiera hizo algo para hacer más eficiente su propio funcionamiento, digitalizando, atendiendo todos los trámites en la remota y no por turnos, reorganizando y achicando una estructura sobredimensionados, contribuyendo a la reducción de costos de tramitación, y contribuyendo a la igualdad y paridad en el sistema previsional.

La IGJ está yendo a contramano, abiertamente, de los mejores esfuerzos del Gobierno Nacional para poner de pie a Argentina