Una economía vibrante  es innovadora, incorpora nuevos recursos continuamente, puede cubrir las necesidades de sus habitantes y crecer.  No es el caso de Argentina.  

Muchas regulaciones obligan a que las decisiones no las toman quienes corren riesgos con su esfuerzo, tiempo  y capital, sino burócratas que por más buenas intenciones que tengan, no tienen conocimientos ni tiempo para tomar los miles de decisiones que son necesarias. Si además no hay buenas intenciones… 

Un ejemplo claro  es la reciente propuesta de definir a Internet como servicio público, que  tiene múltiples aristas. Dejaré de lado temas  políticos , ideológicos, intereses electorales o políticamente correctos.  Simplemente mencionaré que hay temas legales y económicos que debieran ser los principales. 

La Ley 27078 (Ley de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de  2014) establece que las TIC son de "interés público", hay que "posibilitar" el acceso de los habitantes de la Argentina a las TIC, establece el principio de neutralidad de las redes, distingue entre mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución. Es decir, ya hay una ley razonablemente moderna. 

El Art. 15 ya define a las TIC como "servicio público en competencia" entre los licenciatarios. ¿Cuál sería el cambio entonces?¿ Ponerles precios “cuidados”?  Si el interés fuera reducir el precio, simplemente se pudieran reducir los impuestos como mínimo a los que hoy no tienen acceso ya que hoy, al fin y al cabo, tampoco está pagando esos impuestos. También puede acelerar el acceso a fibra óptica que allá lejos y hace tiempo era una inversión privada. Mejor todavía, permitir importar equipos sin tantas trabas para poder prestar mejor servicio y adaptarse a las tecnologías más modernas. 

Desconozco cual pueda ser la mejora por una mayor injerencia del Estado sobre la compleja licencia que ya otorga el Enacom sobre los cientos de prestadores de internet. Cada uno de ellos atiende una pequeña área de acuerdo a su permiso. Están cerca del cliente y pueden acudir a reparar relativamente pronto.  Tienen sus contratos con los proveedores de red troncal, y –nunca hay que olvidarlo- están en competencia entre sí.

Yendo a un caso más genérico como los de comunicaciones y electricidad, ya sabemos que  por avances tecnológicos dejaron de ser un monopolio natural. Puede haber distintos prestadores, basados en diferentes formas de acceso y "partición" del servicio: el que provee el poste, el que provee el cable, el que provee la última milla, el acceso al hogar, el que repara, etc.  En Argentina funciona en general un solo prestador por cada área geográfica por temas impositivos ya que habría ingresos brutos en cada etapa. Además, la figura de comercializador está prevista desde la privatización, por lo que puede haber competencia. No es negocio para nadie por la baja tarifa, pero técnicamente sí se puede hacer.  

Ni Edenor ni Edesur ni las de internet ni las empresas de servicios  son monopolios legal ni técnicamente, sino que la pésima estructura impositiva y regulatoria hace que no sea viable competir con ellos.

Para facilitar el acceso a gente de menores recursos o alejada, existe la figura de "obligation to serve". Por ejemplo, por cada 100 clientes que pagan, hay que tener X% gratis (escuelas, etc.). Esto se usa mucho en África donde claramente la capacidad económica de los clientes es baja.

Este tema  no tiene vinculación  con ser o no estatal. En general ser estatal –en el mundo - es un gran problema aunque no hubiera  corrupción ni ineptitud sino porque los incentivos están alineados de forma diferente y no promueven  la innovación o velocidad en las decisiones, por lo que los costos tienden a aumentar. Por eso se intenta que sean servicios privados y se permite la competencia de diferentes formas. En Argentina -además de  problemas con las contrataciones- hay un elemento fundamental que es la falta de recursos, ya sean económicos o humanos para poder gestionar. 

El ejemplo de competencia más evidente es la telefonía, donde al privatizar Entel se hizo una división entre norte y sur de Argentina y sin embargo hay literalmente cientos de prestadores.  Asimismo, en internet se superan los 500 prestadores. Así que el tema no es un monopolio.

En Argentina hay quien cree que los servicios tienen que ser gratis. Y gratis significa… que otro lo paga!!!!  Aunque el Estado fuera extremadamente eficiente, está utilizando los impuestos de todos para dar servicios a algunos. Por definición, si hay un servicio que alguien recibe, se puede lo  identificar y pagar. Distinto es el caso de defensa, seguridad y justicia, también parecidos son salud y educación, donde todos nos beneficiamos. 

El punto es que hay un esquema regulatorio y tarifario absurdo no sólo porque la mitad de la factura sean impuestos, sino que hay precios congelados, discrecionalidad en acceso a generación y categorías de usuarios. Un kw es un kw independientemente de quien lo consuma. Las diferencias de precios pudieran estar dadas por diferencias de costos, por ejemplo  cuánto cuesta llevar el cable hasta la casita en la punta de la montaña o hasta una gigantesca fábrica, y no porque el gobierna decida que los residenciales se separan en categorías o distinto de los industriales. Además es un criterio que podría invertirse 180 grados, y lo que es lo más barato pasar a ser lo más caro, por la simple  firma del regulador. 

Los Premios Nobel Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson estudiaron subastas especialmente para espectro / telefonía. Jean Tirole analizó el  poder de las empresas, la competencia y su regulación. Dedicaron una vida para entender los mejores sistemas para lograr precios competitivos acordes a los objetivos buscados. En Argentina también hay expertos. Espero que quien tenga responsabilidad sobre estos temas pueda utilizar esa gran experiencia y  la economía  no se anquilose. Al contrario. Tenemos que permitir innovación, fomentar la creatividad, alentar a las empresas y facilitar las  oportunidades de trabajo.