Al tercer trimestre de 2020, la pobreza alcanza al 38,7 por ciento de la población (17,6 millones de personas) mientras la indigencia se mantiene en los dos dígitos, alcanzando al 10,6 por ciento de los habitantes (4,8 millones de personas). Estos resultados implican un descenso de la pobreza de 8,3 puntos porcentuales respecto al fatídico segundo trimestre, mientras la indigencia baja 1,8 puntos. Ello equivale a decir que 3,7 millones de personas salieron de la situación de pobreza y casi 800.000 de la indigencia.

Cabe recordar que en el tercer trimestre, producto de la recuperación de la actividad económica resultante del levantamiento de las restricciones de la cuarentena, se recuperó parte del empleo destruido durante los peores meses de la crisis (en el segundo trimestre se habían perdido 3,7 millones de ocupaciones, de los cuales lograron recomponerse en el 3er trimestre 1,7 millones de empleos, en su mayor parte correspondientes a la informalidad). Por otra parte, durante el tercer trimestre se encontraban aún vigentes las políticas de contención implementadas, se pagaron prácticamente dos IFE,  e incluso se computó el cobro del aguinaldo para trabajadores registrados/as y jubilados/as. 

Sin embargo, si exceptuamos el segundo trimestre por ser el eje de la tormenta económica causada por la pandemia, los niveles de pobreza e indigencia del tercer trimestre son los más altos de los últimos años, incluso por encima de los elevados valores alcanzados hacia fines de 2019. Comparando con el mismo trimestre del año anterior, vemos que la pobreza está 5,6 puntos porcentuales por encima de aquel entonces (33,1 por ciento en tercer trimestre 2019), mientras la indigencia creció 3 p.p.

Es decir, que más de 2,7 millones de personas cayeron en la pobreza, al tiempo que 1,4 millones cayeron en la indigencia. Los resultados obtenidos dan cuenta además de la intensificación experimentada por la pobreza en el último tiempo, puesto que la indigencia muestra un incremento mayor al de la pobreza en el año bajo análisis, al tiempo que el descenso trimestral en este indicador resulta más moderado.

En este marco, los límites que evidencia la recuperación económica frente a un mercado interno deprimido, expresados en la desaceleración del crecimiento del PBI, la discontinuidad del IFE y la aceleración inflacionaria de los últimos meses, con mayor intensidad en los precios de los alimentos, impiden augurar que la mejora de estos indicadores pueda sostenerse en los meses siguientes.

 

 

El abandono de la política de ingresos como herramienta para impulsar la recuperación de la actividad económica y la reducción de la pobreza no parece razonable cuando se comprueba lo delicado del cuadro social actual de la Argentina y la lentitud con la que se está dando este proceso de recuperación de la actividad. Cerrando el año 2020, la actividad económica todavía se encuentra 3,5% por debajo de los niveles pre-pandemia, y muestra señales de desaceleración (en mayo-junio promedió un incremento del 8,9% mensual; en julio-agosto 1,8%; en septiembre-octubre 2,2% y en noviembre-diciembre se espera un promedio de entre 1,2% y 1,5%).

Esta situación es completamente lógica, puesto que lo que sucede es que el dinamismo de la actividad (impulsado por las reaperturas) se choca con los límites de una demanda agregada que, como señalamos previamente, se encuentra deprimida por el deterioro de los ingresos populares frente a la escalada inflacionaria. Esto se ve claramente al analizar el índice salarial del INDEC. El mismo muestra que el poder de compra del salario se contrajo 1,7% en el último trimestre del año, cerrando el 2020 con una caída acumulada del 2,3%. 

Bajo este marco es que debemos encarar la discusión de precios y salarios: si queremos salir de la espiral depresiva a la cual nos metió el gobierno de Macri, y que fue potenciada por la pandemia del Covid-19, debemos impulsar la recuperación del poder adquisitivo del salario y garantizar un piso de ingresos digno para el conjunto de la población.

Para ello también es indispensable una política antiinflacionaria que tome control de los principales precios de la economía (tipo de cambio, tarifas) y que se complemente con acuerdos de precios y salarios consistentes con la promoción de la demanda agregada.