La reducción de aranceles a la importación beneficia a millones de consumidores en todo el país, con un impacto limitado sobre el empleo total, aunque significativo en Tierra del Fuego. Por ello, se torna imprescindible una estrategia de reconversión que articule esfuerzos entre Nación y la provincia.

Los aranceles elevan el precio interno de los bienes importados, incentivando la producción local. Sin embargo, este tipo de protección impone un costo directo a los consumidores, quienes se ven obligados a pagar precios superiores a los internacionales. Aunque el efecto sobre la producción —particularmente de productos electrónicos— y el empleo se concentra geográficamente en Tierra del Fuego, los beneficiarios de una baja de precios se cuentan por millones en todo el país.

Para dimensionar el impacto, es útil observar los datos de empleo. Según la Secretaría de Trabajo, existen 6,6 millones de puestos de trabajo asalariados privados registrados en Argentina. De ellos, 36.000 se encuentran en Tierra del Fuego, incluyendo unos 6.000 empleos en la industria electrónica. Esto equivale al 0,1% del empleo formal nacional, pero al 17% del empleo privado registrado en esa provincia.

En síntesis, 15 millones de familias argentinas deben enfrentar precios artificialmente elevados como resultado de una política orientada a sostener apenas 6.000 puestos formales en Tierra del Fuego. Por lo tanto, el desmantelamiento de este esquema de protección resulta ampliamente beneficioso desde una perspectiva social, aunque impone costos localizados que no deben ser desatendidos.

El desafío es reinsertar ese 17% del empleo provincial en otras actividades productivas. Durante décadas, se ha sostenido una política que perjudica al conjunto del país y que resulta insostenible incluso para la propia provincia. Persistir en la creación de empleo industrial con altísimos costos para el resto de la sociedad es un error. Reconocerlo es esencial para no ceder nuevamente a presiones que buscan restaurar regímenes obsoletos.

Asimismo, resulta aconsejable eliminar el régimen que permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego apropiarse del IVA que cobran sobre sus ventas. En otras palabras, es necesario desactivar tanto la protección arancelaria como el esquema de subsidios tributarios vigentes.

Para que la eliminación de estos privilegios sea políticamente viable, debe articularse un plan de reconversión productiva que distribuya más equitativamente los costos de una política errada y regresiva. En un país federal, toda transformación estructural requiere del compromiso activo de las provincias.

En este sentido, es urgente convocar a una mayoría de gobiernos provinciales —no necesariamente a la totalidad— a integrarse al proceso de transformación estructural impulsado por la administración nacional.