Durante los últimos días el gobierno nacional ha buscado la cooperación de Juntos por el Cambio en una variedad de temas que incluyen la negociación con el FMI y la modificación del calendario electoral.

En el caso de la negociación con el Fondo, una de las facciones del gobierno pretende mostrar un amplio consenso político detrás de la propuesta de repagar la deuda de US$ 44 mil millones que nuestro país tiene con el FMI en un plazo de 20 años, el doble del contemplado actualmente por los programa de Facilidades Ampliadas, como el que Argentina está negociando con el organismo. Desde el kirchnerismo se ha sugerido explorar un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, asumiendo que uno de ellos sería el candidato presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.

A su vez, figuras prominentes del oficialismo promueven una modificación del calendario electoral invocando razones sanitarias. Es público que los gobernadores provinciales hace tiempo que vienen promoviendo la suspensión de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias apelando tanto a razones de índole sanitaria como presupuestaria. Más recientemente el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa señaló las PASO debían suspenderse o realizarse de manera simultánea con las elecciones generales para no someter a los argentinos ‘a tener que ir dos veces a votar’.

Independientemente de la desprolijidad que supone cambiar las reglas electorales en un año de elecciones, ello requiere de una ley del Congreso aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. El oficialismo no dispone de esa mayoría en la cámara baja, aunque tal vez podría alcanzarla con la ayuda de bloques usualmente aliados. Sin embargo, una modificación de estas características requeriría un amplio consenso, dado que de otro modo podría verse afectada la legitimidad del mismo.

¿Qué conclusión puede sacarse de los intentos del gobierno de lograr la cooperación de Juntos por el Cambio? Básicamente no está del todo claro si efectivamente el gobierno busca realmente obtener la cooperación de Juntos por el Cambio o fomentar sus disputas internas. Por ejemplo, al proponer un ‘acuerdo con los presidenciables’ y elegir como interlocutores al jefe de gobierno porteño y a María Eugenia Vidal, en los hechos se ningunea al resto de los integrantes de la coalición.

A la vez, la controversia desatada dentro de Juntos por el Cambio a raíz de la visita de Cristian Ritondo y Jorge Macri a la Casa Rosada, tras la cual se filtro a la prensa un supuesto acuerdo para modificar el cronograma electoral, también siembra dudas sobra la verdadera intención de los intentos de diálogo por parte del oficialismo.

Si el oficialismo realmente buscara acuerdos con Juntos por el Cambio debería más bien utilizar otros canales. ¿Qué legitimidad tienen el jefe de gobierno porteño, una ex gobernadora o un intendente del conurbano bonaerense para hablar en nombre de toda una coalición? Tanto el ámbito como los canales para el diálogo y la cooperación son otros. Si realmente se busca forjar un acuerdo con la principal coalición opositora, ello debe lograrse con las autoridades partidarias de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio.

El Dilema del Prisionero ampliamente utilizado en Ciencias Sociales ilustra a la perfección las dificultades de producir la cooperación. En el juego del prisionero la mutua desconfianza lleva a las partes a optar por la defección antes que la cooperación, incluso si ello reporta menores beneficios para las dos partes.

Algunos autores han mostrado sin embargo que cuando las partes están obligadas a interactuar de manera recurrente, crecen los incentivos para cooperar. La lógica del ‘hoy por ti, mañana por mí’ favorece así la cooperación. Sin embargo, si en repetidas ocasiones un interlocutor se muestra poco confiable, su contraparte probablemente ajustará su comportamiento y en vez de conceder el beneficio de la duda verá cualquier propuesta de diálogo como una emboscada.

Si bien la lucha por el poder es parte esencial de la política, no es toda la política. Si ni siquiera la política internacional, en la que no hay una autoridad por encima de los estados capaz de hacer cumplir los compromisos, es constantemente un juego de suma cero, menos lo es la política doméstica en países democráticos, en los que el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos son siempre necesarios para gobernar.

Es por ello que las maniobras de estos últimos días más que favorecer la cooperación entre el oficialismo y la principal coalición opositora, la dificultan y refuerzan la idea ya existente del gobierno como un interlocutor poco confiable.