Es fundamental concluir con los déficits financieros y también de gestión a través de un ordenamiento integral del Estado. La escasa calidad de los servicios públicos demuestra que el ajuste fiscal no es suficiente. 

La inflación conlleva daños productivos y sociales. Hay una estrecha asociación con los déficits fiscales crónicos. Gastar por encima de los ingresos públicos, forzó excesos de deuda pública y emisión monetaria. La historia económica está plagada de crisis económicas derivadas de repetidos defaults de deuda pública y alta inflación.

Cabe preguntarse si con eliminar el déficit fiscal es suficiente. Para esto, es útil considerar los diferentes comportamientos fiscales a nivel nación y provincias. Según el Ministerio de Economía, para el 2022, se observa que el déficit fiscal consolidado entre el Estado nacional y los Estados provinciales asciende a 2,8% del PBI. Asimismo, el déficit del Estado nacional es de 3,8% del PBI. Los Estados provinciales, en cambio, exhiben un superávit de 1% del PBI. 

Los datos ostentan el contraste entre la situación de las cuentas públicas. Mientras el Estado nacional está asfixiado por el déficit fiscal, del cual se derivan crisis de deuda pública y emisión monetaria, las provincias muestran holgura. Si bien hay diversidad entre provincias, en el agregado muestran superávit. Y, con sus ahorros, auxilian al Estado nacional suscribiendo letras de la Tesorería nacional o plazos fijos que (por la vía de las Leliqs) terminan también indirectamente financiándolo. 

Las diferencias entre provincias, y los diversos factores que explican el contraste entre el desempeño fiscal nacional y el de las provincias, son muchas. Aunque el papel que juega la alta inflación como instrumento de ajuste fiscal es muy relevante. La recaudación impositiva tiende a crecer a ritmos parecidos a la inflación y el gasto público se actualiza con rezago. Los salarios son uno de los componentes que más sufren el retraso respecto de la inflación y tiene un impacto concluyente en las finanzas provinciales porque más de la mitad del gasto son remuneraciones. Nación también licua erogaciones con inflación, pero con menor intensidad. Su principal gasto son las jubilaciones, que están indexadas por ley de manera trimestral. Dado esto, el ajuste fiscal de muchas provincias es poco sustentable, ya que está ligado a que la inflación siga siendo alta. 

Una baja de la inflación reduciría o eliminaría los superávits de varias de estas. Esto demuestra que lograr equilibrio financiero no significa eliminar los déficits de gestión. Las provincias son las responsables de educación básica, salud pública, vivienda, infraestructura urbana, asistencia social, justicia y seguridad, funciones en donde no se revirtieron los déficits de gestión.

El desarreglo fiscal a nivel nacional es muy perjudicial, pero el ajuste fiscal inflacionario o un ajuste fiscal ortodoxo no son suficientes. Se necesita corregir tanto los déficits financieros como los déficits de gestión.