Veintidos homicidios se cometieron en Barrio Ludueña de Rosario en lo que va de 2022. Es necesario, creemos, la intervención civil de la comisaría 12 por parte del Ministerio de Seguridad. La eliminación de los nichos de corrupción de las fuerzas policiales debe empezar de abajo hacia arriba y acompañada por toda la dirigencia política con representación legislativa.

“Cuando él habla del barrio Ludueña, no hace una alusión per se; es el barrio de Estaban Lindor Alvarado”, dijo el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en la audiencia en el senado de la Nación el pasado 2 de agosto. La persona que citaba el funcionario nacional era el comandante mayor de Gendarmería, Ricardo Castillo, a cargo de las mal nombradas “fuerzas de tareas” que operan en Santa Fe.

Castillo debe ir a la Legislatura de Santa Fe a explicar qué sucede con estas fuerzas federales. Seguridad democrática supone la conducción política de las fuerzas de seguridad. Es indispensable ponerla de manifiesto en el barrio Ludueña.

En las cuatro horas y 18 minutos en las que el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, estuvo en el Salón “Arturo Illia” del Senado de la Nación el martes 2 de agosto, no hizo mención a la fenomenal cantidad de armas en manos de la población civil de las tres principales provincias argentinas como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; como tampoco hubo información sobre lavado de dinero en estos tres estados argentinos vinculados al desarrollo del narcotráfico y como contraste fue muy evidente la permanente alusión de la CIA y la DEA.

Como dijo el presidente colombiano Gustavo Petro, 800 mil vidas civiles se perdieron en América Latina en los últimos cuarenta años por la gran mentira de la guerra contra las drogas impulsadas, específicamente, por estas áreas del gobierno estadounidense.

Más que nunca creemos que hay que intervenir las seccionales policiales de los barrios más violentos de Rosario y Santa Fe con funcionarias y funcionarios civiles y el apoyo multipartidario, eliminar los nichos de corrupción que generan zonas liberadas. Exigir la interrupción del mercado de armas. Ir sobre el lavado de dinero y activos. Trabajar en un nuevo cuerpo legal sobre seguridad y cuestiones policiales. Y triplicar el presupuesto en trabajo e inversión social en los barrios más castigados por los negocios mafiosos. Dejar de lado el estado bobo y cómplice por uno activo, transparente, participativo y comprometido.

Según se informó durante la tarde del martes, el comisario general Rubén Rimoldi asumirá como responsable de la cartera que deja Jorge Lagna. Esto representa que el gobernador le está entregando todo el poder a La Santafesina S.A. Un retroceso en relación al concepto de la seguridad democrática.