El ministro de Economía, Martín Guzmán, está evaluando su futuro, se comentan en los pasillos de la Casa Rosada. Es que Guzmán, un hombre de ideas progresistas -como su mentor, el premio Nóbel Joseph Stiglitz-, pero que entiende los fundamentos de la economía, se encuentra haciendo un juego de permanente equilibrio entre sus propuestas y las demandas que recibe desde el sector político del Gobierno de cara a las próximas elecciones.

Para entender el problema, Guzmán señaló en más de una oportunidad que su programa económico se encontraba en el presupuesto nacional. Allí se contempla no aumentar los subsidios para las tarifas lo que lleva implícito un aumento del orden del 40% en estos servicios, según cálculos de la consultora pxq. Sin embargo, desde los sectores más radicalizados del kirchnerismo se niega la posibilidad de un aumento que supere el 10%.

Esta postura es la que se mantendrá ya el Gobierno piensa implementar un mecanismo de ajuste de las tarifas que contemplaría la variación de los salarios, las jubilaciones y los precios al productor de manera transitoria, hasta tanto “se defina el marco definitivo que será la segmentación por consumo e ingreso” trabajo que se estima llevará unos 7/8 meses. 

El titular del Palacio de Hacienda también insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una posibilidad que se encuentra muy acotada a partir de la resistencia de sectores del Gobierno que se oponen a aplicar “ajustes”.

El ministro tiene previsto viajar el próximo 23 de marzo a Washington para reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva. Se especula con que, en ese encuentro cara a cara, Guzmán planteará no sólo las restricciones económicas que padece la Argentina, sino también los límites políticos que enfrenta para llegar a un acuerdo con el organismo multilateral. Tal vez a su regreso tenga más en claro sus futuros pasos.

Kristalina Giorgieva, junto a Martín Guzmán
Kristalina Giorgieva, junto a Martín Guzmán

 

Vacunas y asado

Mientras tanto, el sector político del Gobierno juega todas sus cartas a ganar, o al menos obtener un buen resultado (40% de los votos) en las cruciales elecciones de medio término. “Necesitamos que la gente tenga más vacunas y que pueda comer asado”, sintetizó una fuente de la Casa Rosada a Data Clave.

El proceso de vacunación viene muy lento a pesar de que en los despachos oficiales se afirma que antes de que llegue el invierno se vacunará a unas 14 millones de personas, ¿cómo lo harán?, un misterio.

Más allá del escándalo del “vacunatorio VIP”, los números muestran que la Argentina es el segundo país más afectado por la pandemia entre los principales países de Latinoamérica, cuando se toma en consideración la cantidad de muertos y la caída en la actividad económica (el primero es Perú).

Con algo más de 1.100 muertos por millón de habitantes, el caso argentino se ubica cuarto en la región, las cifras son mayores en Perú, Brasil y Colombia, pero estos dos últimos países tuvieron una recesión menos intensa que el 10% de caída que registró el PBI en el país. 

El predominio de las evaluaciones negativas que la población tiene sobre la forma en que el Gobierno manejó la pandemia lleva a que el oficialismo deba acentuar su esfuerzo para mostrar una mejora económica en los próximos meses. La inflación, con un 38%, es la principal preocupación ciudadana, según la última encuesta de Synopsis. Le siguen la corrupción (28%) y el desempleo (12%). Es decir que las cuestiones económicas concentran el 50% de los temores de la gente.

Más allá de las idas y vueltas, el discurso inaugural del presidente Alberto Fernández ante el Congreso dejó en claro para la mayoría de los analistas que “los lineamientos de política K serán los que prevalezcan en la economía”, según señalan.

Al analizar la evolución del nivel de aprobación del presidente y de Cristina Fernández de Kirchner, según Synopsis muestra que en abril del año pasado Alberto Fernández cosechaba una imagen positiva de 53,2%, mientras que la de Cristina era 27,6%.

En diciembre último la vicepresidente mantenía el mismo caudal de adeptos (27,7%) pero la imagen positiva de Alberto Fernández se redujo a 34%. Las cifras revelan que “Alberto no quiso diferenciarse y armar un sustento propio” según revela un colaborador cercano al primer mandatario.

La misma medición muestra que entre el 20 y 22% del electorado se muestra “desencantado” por la política llevada adelante por el presidente.

Combatiendo al capital

En este contexto, entre los empresarios predomina la expectativa de una economía “más intervencionista” que apuntará a aumentar el poder adquisitivo de la población en buena medida a costa de las compañías.

El control de las importaciones, la restricción al giro de divisas al exterior, subas acotadas de tarifas, el impuesto a las principales fortunas o la suba de la presión impositiva (Ganancias) a las grandes empresas son algunos de los rasgos distintivos.

Como elemento a favor, el gobierno cuenta con el viento de cola que viene del exterior. Además de la recuperación de los principales socios comerciales, la suba en los precios de las materias primas agrícolas aportará cerca de 0,5% del PBI a las arcas oficiales por mayores retenciones, según las consultoras económicas.

Un segundo elemento, no menor en el contexto de la carencia de reservas en poder del Banco Central, es la esperada ampliación de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional.

A la Argentina le tocarían unos 3.300 millones de dólares que el país necesita imperiosamente para poder hacer frente a los compromisos con los organismos internacionales. En el Ministerio de Economía prenden velas para que este desembolso sea lo antes posible. Sin embargo, aún no está lista la propuesta de la ampliación que debe elaborar el FMI, propuesta que será analizada por el Directorio de la Institución, y que luego debe ser aprobada por la Junta de Gobernadores con un total de 85% de los votos.

Si bien se descarta que no habrá dudas en la aprobación, el tema es que también el FMI puede determinar en su propuesta privilegiar el aumento de los DGE para países con menos recursos. Asimismo, ya se sabe que dicha ampliación vendrá acompañada de una auditoria sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de dichos fondos.

De todas maneras, estos fondos adicionales pueden llegar a ser girados recién después de abril y “con mucho viento a favor“ comentan en Washington al tiempo que recuerdan que cuando en el 2009 se ampliaron los DGE todo el proceso hasta depositar los fondos demoró unos 5 meses.

Sin embargo, la apuesta oficial no está exenta de riesgos. Uno es el sanitario, ya que existe el temor de nuevos cierres de la actividad si se desatara una segunda ola de Covid 19.

La última reunión del Gobierno con gran parte de los empresarios, la eterna pelea
La última reunión del Gobierno con gran parte de los empresarios, la eterna pelea

Otra jugada difícil que está haciendo el Gobierno es tratar de desacelerar la devaluación para que la suba del dólar no impacte en el precio de los alimentos y, de esta forma, mantener el poder adquisitivo.

El problema es que el Banco Central cuenta con un nivel de reservas líquidas muy bajo -cálculos privados estiman menos de 4.000 millones de dólares- que limitan su nivel de fuego ante un eventual episodio de stress en el mercado de cambios.

Para poder cumplir con la pauta del 25% contemplada en el presupuesto, la devaluación mensual debería reducirse en a un ritmo inferior a 1,5% mensual. Y para que no se acumulen tensiones, se debería dar en simultáneo una sensible reducción de la inflación.

El aumento del índice de precios de febrero -3,6%, pese a ser un mes estacionalmente tranquilo- es un mal antecedente. Y lo más preocupante para el Gobierno es que los alimentos -como viene sucediendo casi todos los meses- están subiendo por encima del promedio (3,8% el mes pasado).

No parece exagerado que más de un economista considere que buena parte de la suerte del programa oficial se juega en los resultados que vaya dando la inflación en los próximos meses.

El gobierno lo sabe y por esta razón apelará a todo para que los precios no suban y esto preocupa, y mucho, al sector empresario.

Ya saben que ellos son los que van a pagar todas las restricciones económicas del Estado y, a modo de ejemplo, remiten a la suba del Impuesto a las Ganancias.

Para el gobierno una empresa grande es aquella que logra ganancias superiores a $2.600.000 millones anuales y ahora pasará a tributar en concepto de Ganancias  35% más el 7% sobre los dividendos, es decir casi un 40%.