Una luz brillante encegueció toda la avenida, mientras se escuchaba un fuerte rugido metálico. A la velocidad exacta de 80 millas por hora apareció un Fiat Cronos, auto más vendido en Argentina en 2021, que dejaba llamas a su paso. El auto se detuvo bruscamente, bajó un hombre de aspecto harapiento, tenía un uniforme del tipo militar que decía “Ministerio de Economía-Comando de Lucha Contra la Inflación”.

En su mano llevaba un billete de 500 pesos con el que armó un cigarrillo que empezó a fumar. Luego, se paró frente a la multitud que lo miraba y dijo “perdimos la guerra contra la inflación”. 

La realidad supera la ficción. Hace unos días, el presidente de la Nación anunció que el país le declaraba la guerra a la inflación…a partir del viernes. Más allá de que debe ser la primera declaración de guerra diferida, hagamos el ejercicio de ir unos meses hacia adelante y, en base a las medidas que se anuncian, ver que efectos van a generar. 

Hasta ahora se habló de accionar sobre tres grandes ejes. El primero tiene que ver con aumentar las retenciones a la exportación y desacoplar los precios internos de los internacionales. Esto ya se intentó en el pasado, consiguiendo no solo que la inflación no bajara, sino que caiga la producción y el empleo, es decir, aumentando la pobreza. 

Segundo eje: controles de precios. Nuevamente una receta que ya fracasó. La fijación de precios por parte del Estado incentiva el desabastecimiento, a medida que los productores no pueden fijar precios que justifiquen su actividad. Y también incentivan la corrupción, ya que se establece un canal de negociación directa Estado-empresario, lejos de los canales normales de la libre competencia. 

Y el tercer eje de lucha contra la inflación tiene que ver directamente con la intervención del Estado en la comercialización de ciertos productos. Esto incluye el control de cantidad comerciadas, el uso de canales de distribución manejados por el Estado y el subsidio implícito a ciertas actividades. El problema es que esto genera ineficiencias y costos adicionales sobre el sector privado, que debe financiar estos nuevos gastos del Estado, mientras desvía recursos de actividades más productivas. Al final del día, menor producción y más pobreza. 

Si los argentinos le queremos declarar la guerra a la inflación, entonces debemos declararle la guerra al déficit fiscal. Las subas de precios que estamos viendo no están justificadas por los precios internacionales, ni el conflicto en Ucrania, ni la Reserva Federal de Estados Unidos. Si así fuese, los problemas argentinos serían los mismos de nuestros vecinos. Y no lo es. Todos los países de la región tienen inflaciones en doce meses de un solo dígito, salvo Brasil que registró un 10,5% interanual. 

La inflación en Argentina es del 52% en doce meses. Si queremos encontrarle una explicación entonces debemos mirar nuestra política monetaria y nuestra política fiscal. Esta semana, presentando el proyecto de Ley para el Acuerdo con el FMI, el Ministro Guzmán reconoció que en 2021 el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro fue de 3,7% del PBI. Esto equivalió a imprimir $2 billones de pesos (esto es un 2 con 12 ceros detrás). 

Ir a la guerra contra la inflación con controles de precios y más impuestos en lugar de ajustar el déficit fiscal es como intentar apagar un incendio rociándolo con kerosene en lugar de con agua. Nada bueno puede salir de eso. Veremos si finalmente las medidas van en ese sentido o, como ya varias veces ha ocurrido, es más bien retórica política, pero sin sustancia.