El fiscal general Maximiliano Hairabedian solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba la imposición de penas de hasta 7 años de prisión para cuatro hombres que integraban una asociación ilícita de tipo paramilitar. 

Los cuatro acusados eran parte de una organización denominada Compañía de Reserva Mohamed Alí Seineldin, que funcionaba sin la autorización del Ejército y que logró captar a varias personas de buena fe a quienes le hacían creer que eran un grupo legal y les cobraban una cuota mensual para pertenecer y recibir entrenamiento militar. 

Todo comenzó con una denuncia en 2018 efectuada por el general de Brigada Alberto Esteban Sigón, comandante de la 2da División del Ejército Argentino, donde detalló que personas no autorizadas por el Ejército, autotitulándose reservistas, arrogándose títulos y honores no concedidos formalmente, habían emitido credenciales apócrifas en nombre del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino y organizado a ciudadanos en tal calidad. 

El líder de esta organización sería Martín Eloy Browne, para quién se pidió una pena de siete años de prisión por el delito de jefe y organizador de asociación ilícita, falsificación de documento público agravado por ser de las fuerzas armadas y tenencia ilegal de armas. Además, el fiscal solicitó que se declare su reincidencia, dado que contaba con una condena previa. 

También requirió la pena de 5 años y 6 meses de prisión para Adán Myszkozky, a quien acusó como organizador de la asociación ilícita, mientras que para Luis Brian Galván pidió 4 años de prisión por considerarlo miembro de asociación ilícita y responsable de la falsificación de documento público agravado por ser de las fuerzas armadas. La misma pena solicitó para Federico Kores, como miembro de asociación ilícita y uso de documento falso.

El modus operandi 

De acuerdo a la acusación, Browne, secundado por Myszkozky y los demás imputados ostentaron indebidas jerarquías militares. 

Para ello, habían procedido a asociarse y a conformar un grupo armado y de tipo castrense destinado a cometer delitos que actuaba bajo el nombre Compañía de Reserva Coronel Mohamad Alí Seineldín.

Los postulantes se incorporaban a esta organización pagando una suma mensual. Bajo estas mismas premisas, los supuestos reservistas debían contribuir económicamente para la realización de supuestas prácticas militares. Una de ellas se llevó a cabo en un predio cercano a la localidad de Camilo Aldao, en el Centro Recreativo de Empleados de Comercio, donde los asistentes recibieron certificaciones y credenciales apócrifas, según se estableció en el proceso. 

En la investigación se acreditó que tanto los reclutados como los encargados de esta compañía se presentaban en sociedad con uniformes militares y ostentando simbología y graduaciones falsas.