Tres provincias vuelven a blindarse frente al avance de la pandemia. La situación amenaza con desmadrarse en muchos distritos. Los contagios no dejan de crecer, los terapistas están exhaustos y el fantasma del colapso es tema de conversación en los pasillos de las gobernaciones. Sin embargo, marzo quedó muy atrás y el margen para fortalecer las restricciones es muy acotado. El endurecimiento puede pagarse caro, hay sectores muy golpeados y persiste una fuerte discusión por las libertades.

En Santa Fe la situación epidemiológica es crítica. El gobernador Omar Perotti analiza volver a fase 1 en el sur de la provincia, fundamentalmente en Gran Rosario: allí, en algunas localidades pequeñas, el nivel de camas de terapia intensiva ocupadas alcanzó el 80%. El panorama sanitario es complejo y motiva el viaje del ministro de Salud Ginés González García este viernes, como anticipó Data Clave.

Desde el ministerio de Salud santafesino cuentan que con este ritmo de casos el sistema en los distritos más afectados no resiste y que el botón rojo está a la mano. La variable de análisis es la capacidad de atención. Los números de los tres últimos reportes lo explican: el martes hubo 677 casos en 24 horas, de los cuales 374 fueron en Rosario. El miércoles la cifra creció a 747 contagios en toda la provincia, 412 de ellos en tierras rosarinas. En tanto, en el último informe, hubo 764 nuevos casos con 374 contagiados en esa ciudad.

Mendoza está desbordada por el crecimiento de la curva. El miércoles, Alberto Fernández manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en la provincia y anunció que viajaría el lunes, tras mantener diálogos con el gobernador radical Rodolfo Suárez. Esta tarde partirá a la provincia un Hercules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina con recursos sanitarios para reforzar el sistema de salud, averiado por la cantidad de contagios. Nación enviará 30 respiradores, 40 monitores y 50 bombas de perfusión, además de toneladas de material descartable.

El Gobierno monitorea con preocupación el nivel de ocupación de unidades de cuidados intensivos en todo el país. Ayer, el reporte vespertino reveló otro fuerte salto en las estadísticas y un nuevo récord de positivos: 12.026 en solo 24 horas. Las alarmas están encendidas y la vuelta a cuarentenas estrictas ya es una realidad en distintas regiones del país.

Anoche el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que la provincia vuelve a fase 1 tras mantener largas conversaciones con el ministro de Salud. La decisión se da en el marco de rebrotes de coronavirus en distintos puntos de la provincia. Solo podrán circular los trabajadores esenciales. En la capital puntana y en otras localidades, los ciudadanos deberán permanecer en sus hogares por siete días. En los límites interprovinciales, la provincia es una de las que más barreras pone a la hora de ingresar al territorio.

En los últimos días escaló la tensión entre Nación y Ciudad y no fue solo por el protocolo de clases presenciales. Las flexibilizaciones y reaperturas no fueron bien vistas por el Gobierno, que sostiene que el distrito informa parcialmente el número de casos: señalan que los reportes solo contemplan las internaciones por covid-19 en el sector público cuando el nivel de camas en varios sanatorios privados está saturado.

Data Clave accedió al documento que preocupa a la Casa Rosada, donde algunas clínicas ya están al 100% de ocupación de UTI. Se da en la semana en que los principales terapistas del país escribieron una carta a Alberto Fernández manifestando la situación crítica que están atravesando los trabajadores de la salud.

 

 

Alberto Fernández, en una entrevista televisiva, reconoció que si la situación lo amerita se va a "apretar el botón rojo" para dar marcha atrás y volver a una cuarentena más estricta. Esa posibilidad está en análisis profundo desde el inicio de esta semana. Para muchos en el Gobierno la barrera del 20 de septiembre (cuando terminaría el plazo de esta nueva cuarentena) es muy lejana y lanzan ante Data Clave: "se nos está desbordando la situación y hay que tomar decisiones. Pero esas decisiones tienen un costo político, que en el gobierno nacional quieren que sea compartido.