Los expertos que integran el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) advirtieron que la decisión del Gobierno de designar a la Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia como responsable de la “Unidad Transitoria de Investigación” del caso conocido como “Libra Gate” puede encubrir una maniobra de entorpecimiento del escándalo que tiene en el centro de la escena al presidente Javier Milei.

El CIPCE es una organización no gubernamental creada en 2003 y que se dedica a contribuir a la planificación e implementación de políticas de prevención y persecución de la criminalidad económica, con especial énfasis en el desarrollo de mecanismos de recuperación de activos. 

Uno de sus objetivos fundamentales es lograr que el dinero que generan la corrupción y la delincuencia económica sea devuelto al Estado y utilizado para reparar el daño social que se hubiera causado.

Tras el escándalo que se generó por la monumental estafa de $Libra, el Gobierno nacional designó a la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, como la responsable de instruir a la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que fue creada para investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA y el involucramiento del presidente Javier Milei.

Según estableció la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Zicavo es una abogada especialista en derecho migratorio, lo que llamó la atención pues no tiene experiencia en derecho administrativo ni tampoco en la investigación de posibles irregularidades estatales o hechos de corrupción.

"Dejar cualquier tarea de investigación, así se la llame "recopilación de la información", a cargo de una funcionaria directamente dependiente del Presidente implicado en la causa, genera un conflicto de intereses y vulnera los principios de independencia y objetividad que deben regir toda investigación sobre hechos de corrupción", dijeron en el CIPCE. 

Y advirtieron que el Decreto 114/2025 asigna a la Unidad amplias facultades de investigación, que exceden incluso la órbita del propio Poder Ejecutivo Nacional, y abarcan tareas como impulsar pedidos de información a organismos provinciales y a Estados extranjeros o convocar a funcionarios. 

“Esas tareas son competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, como órgano autónomo de investigación, y no pueden ser asumidas por el Poder Ejecutivo, menos aún en un caso de corrupción que involucra al Presidente”, recalcaron. 

“La injerencia directa del Presidente de la Nación genera un riesgo directo de encubrimiento e impunidad. Esto se agrava en el actual contexto de debilitamiento de los controles institucionales, marcado por la reciente designación de jueces de la Corte Suprema por vía de decreto y por el control directo del Ejecutivo sobre los organismos de fiscalización y supervisión”, advirtieron.

Por eso desde el CIPCE pidieron:

1) La inmediata disolución de la “Unidad Transitoria de la Investigación”, para evitar el conflicto de intereses y reducir el riesgo de obstaculización de la investigación; y la conformación de una unidad de investigación ad hoc, compuesta por organizaciones de la sociedad civil y expertos/as en la materia a los efectos de garantizar la transparencia y celeridad de la investigación. 

2) Que el Ministerio Público Fiscal garantice una investigación eficaz y expedita a los fines de determinar la responsabilidad penal del Presidente por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La fiscalía debe evitar las típicas maniobras de Comodoro Py de sobre-complejización orientadas a dilatar eternamente las investigaciones.

 3) La urgente reforma del sistema de organismos de control, con el objetivo de garantizar su autonomía e independencia y asegurar que las investigaciones sobre corrupción se lleven a cabo con objetividad y rigor técnico, como establece el Decreto 54/2019 

4) La pronta implementación del sistema acusatorio federal en Comodoro Py y la creación de un sistema de investigaciones de causas complejas, como condiciones necesarias para una persecución penal eficaz y transparente de la corrupción y la criminalidad económica.