Todos los días el gobierno que encabeza Javier Milei anuncia recortes y ajustes en el gasto. A la disolución del programa que buscaba solucionar los conflictos de los consumidores con los proveedores de productos por montos bajos para no tener que realizaron los reclamos en sede judicial, se le sumó otra medida que apunta a uno de los grupos más criticados por LLA.

El otro recorte afecta directamente a los pueblos originarios ya que se dio de baja un fondo que asistía a las comunidades para poder recibir asesoramiento jurídico en los reclamos por tierras en diferentes puntos del país.

X de Lisandro Catalán

“Con el objetivo de deshacernos de gastos inútiles para el Estado nacional, mediante la Resolución 8/2025 se pone fin al Programa de Fortalecimiento Comunitario. El mismo funcionaba en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, sostuvo en un tuit el vicejefe de Gabinte, Lisandro Catalán.

“Desde el 2004 financiaba ONGs y profesionales que no cumplieron con los criterios de eficiencia y transparencia del sector público. Junto a @clauavruj, presidente del INAI y @fedesturze, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, seguimos avanzando en la reestructuración del organismo, bajo los lineamientos establecidos por el Presidente @JMilei, agregó el segundo de Guillermo Francos.

Según el gobierno, la medida se basó en informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, que señalaron deficiencias en la ejecución del programa. Entre las observaciones realizadas, se destacó la falta de herramientas de registro y sistematización de la información, lo que dificultaba la medición del impacto real de los subsidios otorgados desde su creación.

Claudio Avruj, el titular del Instituto de Asuntos Indígenas, fue funcionario durante la gestión de Mauricio Macri y responde políticamente a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del gobierno, excandidata presidencial del PRO, convertida en fanática libertaria. 

Se da por sentado que Avruj no tiene ninguna intención de ayudar a los pueblos originarios. Y que sigue la misma lógica de su pareja: hostigarlos y negarles cualquier posibilidad de acceder a las tierras que reclaman.

De esa forma se entiende la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que había sido creado en 2004 con el objetivo de brindar apoyo económico a comunidades indígenas para la defensa legal de sus territorios. 

A través de subsidios no reintegrables, el programa cubría costos de asesoramiento jurídico, contable y capacitación legal, además de facilitar la inscripción de mensuras para consolidar la posesión de tierras comunitarias.

El programa era una de las principales herramientas de apoyo estatal en el marco de la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas. La falta de financiamiento para asesoramiento jurídico puede dificultar aún más los procesos de reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra.