Diversas organizaciones sindicales convocaron a una nueva movilización al Palacio de Tribunales porteño para el martes 1 de febrero a las 18, bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare".

La convocatoria fue realizada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SitrajuRA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que llamaron a marchar por una "Justicia justa" y en rechazo a la Corte Suprema de "injusticia" de la Nación.

La convocatoria fue anunciada a principio de mes y, desde entonces, sumó adeptos y detractores. En las últimas horas, el Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) la catalogó como “un inminente atropello a los poderes constituidos”. “El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”, sostuvieron.

Una de las caras más visibles del reclamo es el juez Juan María Ramos Padilla quién oportunamente desligó al gobierno como parte convocante y aseguró que "si quieren descalificar se equivocan. Quieren decir que esta movilización la convoca el Gobierno, pero, como siempre, mienten. Yo asumo la responsabilidad, me sume a argentinos de bien, que quieren expresarse el 1F".

Este miércoles, el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, publicó en sus redes un encuentro que mantuvo con Ramos Padilla y adelantó que "el próximo martes, estaremos presentes en la movilización para reclamar el fin del lawfare y la constitución de una Corte que realmente busque Justicia y no esté sujeta a los poderes fácticos".

Tweet de Gustavo López

Por su parte, los miembros de la Corte eligieron no dar su opinión al respecto y se mantienen en total hermetismo. Todo indica que seguirán en la misma postura, a pesar que uno de los principales reclamos es la modificación de la cantidad de miembros del cuerpo que el gobierno pretende ampliar.

El último "contacto" del gobierno con la Corte fue la reunión que mantuvieron los magistrados con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, pero desde ambas partes decidieron mantener en secreto el motivo del encuentro.