De manera unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal hizo lugar al planteo del GCBA que aseguró que la ley 27.606 genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden a la CABA, “lo cual, además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.

Para los jueces, “el efecto que habría tenido esta brusca y sustancial reducción de los recursos para la provisión y financiamiento de bienes y servicios públicos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires adquiere plausibilidad si se tiene en cuenta que el Estado Nacional y los estados particulares actúan sobre la base de programas presupuestarios de base anual como mínimo”.

“En que la transferencia de competencias, servicios o funciones a la Ciudad de Buenos Aires, en pos de su acabada organización institucional, y la determinación del nivel de recursos adecuado a su nueva realidad son procesos que se cumplen mediante actos concertados del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, que la transferencia de competencias del Estado Nacional a la Ciudad se encuentra regida de manera directa e inmediata por las disposiciones de la ley 24.588, en particular sus artículos 6° y 7°, y por normas especiales contenidas en las leyes 26.288, 25.752, 26.357, 26.702 y 26.740. Todas estas normas remiten a decisiones que deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, agregaron al respecto.

Los supremos consideraron que la situación de la Ciudad de Buenos Aires, “aun con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, le resultan aplicables las previsiones del artículo 8° de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, 23.548 del año 1988, en cuanto crea la obligación del Estado Nacional de entregar a la Ciudad de Buenos Aires una parte de sus fondos coparticipados”.

Finalmente entendieron que los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación.

Por lo expuesto, “corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”, se lee en el texto.

En ese marco, ordenaron que las transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina y que el Estado Nacional, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó a través de su cuenta de Twitter que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible”.

Tweet de Horacio Rodríguez Larreta

A su vez, el expresidente Mauricio Macri celebró el fallo y dijo: “Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca”.

Tweet de Mauricio Macri