La causa por el abuso sexual que llevaron adelante seis hombres contra una joven de 20 años sigue adelante con la recolección de más videos y testimonios que puedan completar el contexto en el cual se llevó adelante el ataque, clave a la hora de definir la calificación penal y la responsabilidad de los implicados.

Ángel Pascual Ramos (23); Lautaro Pasotti (24); Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20), Tomás Domínguez (21) y Franco Lykan (24) fueron formalmente indagados esta semana por el juez Marcos Andrés Fernández, que procesalmente tiene diez días para definir si dicta un procesamiento, una falta de mérito o una absolución. Ese plazo puede estirarse si la investigación así lo requiere. También deberá definir si convierte la detención de los seis en una prisión preventiva.

Los seis se negaron a realizar una declaración, algo que también es parte de sus derechos ya que no están obligados a hablar en ningún momento, así como tampoco tienen obligación de decir la verdad. Quien si entra bajo ese juramento de verdad es la víctima, que declaró como testigo y que se presentó formalmente como querellante en el expediente. Esto significa que podrá solicitar medidas de prueba y requerir todo lo que considere necesario para ampliar o mejorar la investigación.

Por ahora, fueron englobados bajo la calificación legal de “abuso sexual con acceso carnal”. Con las evidencias que pueden incorporarse a la causa (videos, testimonios, exámenes y peritajes), el delito puede agravarse. El Código Penal considera que existe abuso sexual cuando se fuerza a mantener algún tipo de relación sexual mediante la violencia, las amenazas, la intimidación, además de cuando hay aprovechamiento de una posición de autoridad o de poder. También ocurre cuando el agresor se aprovecha de que la víctima -por cualquier causa- no haya podido consentir libremente la acción. Si además de ello, el abuso fuera cometido por dos o más personas, la pena prevista va de los ocho a los veinte años de prisión.

Hace algunas horas, el abogado Jorge Alfonso fue elegido finalmente como defensor de los seis: “a mi entender estamos en un hecho confuso”, dijo en su primera declaración televisiva. “Hay una prueba fundamental que nosotros en el día de mañana la presentaremos, y dá vuelta todo esto de lo que se está manifestando”, agregó. La defensa puede presentar las evidencias que le parezcan útiles y luego serán evaluadas por el fiscal y fundamentalmente por el juez, que es quién debe definir la situación procesal de los imputados. El primer pedido parece que se orientará a solicitar la libertad de los seis hombres debido a su falta de antecedentes.

La decisión de abandonar la defensa oficial y que todos tengan el mismo representante legal fue leída en Tribunales como una pauta de que presentarán prueba de forma concatenada y para tratar de “mejorar” la situación de todos. En algunas causas, lo que suelen hacer entre imputados es “echarse culpas” entre todos para complicar la situación y diluir responsabilidades. Que todos tengan un mismo abogado es tomado como una idea de estrategia en conjunto por parte de los seis implicados.

Alfonso tuvo un recorrido en los medios durante el último año debido a que se presentó como defensor de Carlos Alberto Savanz, el hombre que secuestró durante tres días a M., una niña de siete años a quien mantuvo retenida durante tres días. El abogado utilizó allí una excusa que para los jueces fue totalmente “pueril”: dijo que la madre le dio permiso para llevársela hasta el zoológico en Luján y que después se olvidó.

El argumento buscaba alivianar la situación procesal de Savanz, que incluye más delitos además de la “sustracción, retención u ocultamiento de una menor de edad” pero que no se detallan para proteger a la niña. Alfonso tendrá que representar al hombre en el juicio que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de la Ciudad de Buenos Aires realizará en mayo de este año.

Otra causa donde tuvo intervención pero donde tampoco logró revertir la situación procesal del imputado es la que investiga el femicidio de Nancy Videla, la joven de 31 años que, tras estar desaparecida, fue encontrada enterrada en un contrapiso en una casa en Ingeniero Budge. Allí representa a Damián Lezcano Mendoza, acusado y con procesamiento confirmado por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido en perjuicio de una mujer con ensañamiento mediando violencia de género”.