La polémica por el lenguaje inclusivo está lejos de llegar a su fin. Luego del contrapunto entre Nación y Ciudad, se sumó otro capítulo con la provincia de Buenos Aires. Tras las críticas, este sábado la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, defendió la medida para “regula la enseñanza educativa”.

Tras los dichos de su par bonaerense, Alberto Sileoni, quien condenó la “prohibición” del uso de la e, la x, la @, aseguró que quienes cuestionan la resolución no la leyeron y disparó: “Me gustaría saber cuál es el otro camino”.

En diálogo con Radio Mitre, la funcionaria arremetió: “Evidentemente Sileoni no leyó la normativa, porque la normativa no prohíbe, regula. Regulamos la enseñanza dentro del aula de acuerdo a las normas aprobadas. Si hubiese sido una prohibición, hubiésemos dictado sanciones. Estamos regulando la forma de enseñanza”. 

Y agregó: “En paralelo acompañamos, en el segundo artículo de esta resolución, el uso del lenguaje verdaderamente inclusivo, sin distorsionar la lengua española, para que nadie quede invisibilizado y no se use el masculino”.

En este sentido, Acuña enfatizó que la medida no apunta a castigar a quienes la incumplan o “buscar culpables”, sino en regular el uso del lenguaje inclusivo a través de un “sistema que acompaña”. “Se trata de enseñar mejor”, aseveró y chicaneó a la administración bonaerense: “En la ciudad de Buenos Aires no hay escuelas en que no se den clases porque falta gas”.

Por último, la titular de la cartera educativa indicó: “Una vez que lean la resolución se van a dar cuenta que lo que plantean es incorrecto. Estamos seguros de que esto garantiza la discusión de la diversidad con respeto”. 

¿Se replica en territorio bonaerense?

Los diputados opositores Guillermo Castello  (libertad Avanza) y Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto de ley para que se prohíba el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en el Estado y en el sistema educativo de la Provincia, horas después de que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciara la misma medida.

En su proyecto, los legisladores afirman que “buscan evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada comprensión de lo que se quiere comunicar, como así también evitar expresiones que resulten expresiones que resulten impronunciables verbalmente”. 

En la misma sintonía, los diputados enfatizaron que la prohibición resulta necesaria “en el ámbito educativo, porque una deformación del lenguaje puede conspirar contra el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”. 

Castello, que pertenece al sector que comanda José Luis Espert, y Ranzini, diputado PRO de la segunda sección electoral, aseguran que el uso del lenguaje inclusivo representa “una posición claramente minoritaria de la sociedad, que de ningún modo puede reconocerse como una evolución espontánea del lenguaje”.