La fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8, que investiga una presunta adulteración de datos en el Censo de 2010 respecto a la demografía de La Matanza, pidió al INDEC los resultados del Censo 2022.

El pedido, firmado por el fiscal federal Eduardo Taiano, buscará constatar los datos poblacionales que habrían sido adulterados entre el Censo de 2001 y del 2010, según una denuncia que iniciaron Diego Valenzuela, intendente del PRO y Guillermo Monenegro, de General Pueyrredón, quien fue aceptado como querellante en la causa.

En rigor, la presentación judicial se enmarca en un análisis realizado por varios intendentes bonaerenses de Juntos que determina que la supuesta manipulación de los datos censales en La Matanza podría haber provocado pérdidas económicas en sus municipios.

Con la presunta adulteración en la población de La Matanza en el Censo 2010, los intendentes indicaron que las perdidas fueron de $1.400 millones para La Plata; $1.310 millones para Quilmes, $1.290 millones para General Pueyrredón, $910 millones para Lanús y $680 millones para Tres de Febrero, entre otros.

Cabe destacar que, la ley provincial 10.559 es la que estatuye la composición de la masa coparticipable y el régimen jurídico con el cual se lleva adelante la división entre los municipios.

Según el Censo 2010, La Matanza alcanzó los 1.775.816 habitantes, algo que Valenzuela calificó como "un abrupto ascenso poblacional sin que exista para ello un fenómeno demográfico atípico que pueda brindar una explicación plausible".

El reclamo de La Matanza a Ciudad

Mientras La Matanza está en el ojo de la tormenta por esta investigación, el municipio realizará una presentación judicial contra CABA para reclamar una "deuda histórica millonaria" que asciende a más de $100 mil millones en concepto de "tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano", por "una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación" dentro del territorio de ese partido de la provincia de Buenos Aires.

El equipo jurídico que asesora al municipio indicó que esa "deuda histórica" que tiene sus inicios en las relocaciones de las villas porteñas realizadas por los gobiernos dictatoriales en territorios que pertenecían a la Nación, pero que se ubicaban en distritos de la provincia.

Al igual que ocurrió en otros municipios, La Matanza recibió habitantes de barrios populares de la entonces Capital Federal, que todavía pertenecía a la órbita del Estado nacional porque no era autónoma, y que fueron ubicados en terrenos fiscales nacionales por los que "nunca se pagaron las tasas municipales".

Uno de los puntos que el distrito gobernado por el intendente Fernando Espinoza reclama a la Ciudad, administrada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, es una "deuda por $20 mil millones en tasas municipales no pagadas".