Advierten al Gobierno que la falta de recursos complica la llegada del sistema acusatorio a Py

A menos de 20 días hábiles para el comienzo del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, la situación se ha tornado apremiante. Desde hace meses, fiscales y empleados ven con preocupación la llegada del 11 de agosto, fecha fijada de manera unilateral por el Ministerio de Justicia como punto de partida para la implementación del nuevo Código Procesal Federal. El cambio es rotundo: las investigaciones son encabezadas en ese sistema por los fiscales, mientras que los jueces pasan a tener un rol más de garantes del proceso.

El problema es que, como ya pasó en otras jurisdicciones, el Gobierno no envía ni fondos ni recursos ni soluciones. Esta situación fue alertada en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses y ahora, en una nota por parte del procurador general interino Eduardo Casal, que comanda el Ministerio Público Fiscal.

En la nota, Casal marca que persisten “carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional” lo que pone en riesgo la transición a este nuevo sistema y también todas las delicadas y complejas causas que hay en Comodoro Py. 

“Los edificios donde hoy funcionan las fiscalías en cuestión, de por sí no resultan apropiados para el correcto desempeño del MPF en relación con sus tareas actuales”, explicó. A eso se le suma otra asimetría: en las jurisdicciones federales de la Capital Federal, el Poder Judicial cuenta con 71 jueces, frente a 40 fiscales, y 1532 funcionarios y empleados, contra 569 del Ministerio Público.

Además, explicó que, aunque quisieran llevar adelante reformas y mejoras, los fondos no están porque no se actualizaron los créditos presupuestarios. Incluso, la Secretaría de Hacienda pidió reducir un 2,5% los fondos ya otorgados.

“Las características específicas del stock de causas en trámite en los fueros federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, las consideraciones efectuadas por la totalidad de los magistrados que deberán afrontar esta transición y las necesidades materiales insatisfechas relativas a jurisdicciones donde ya rige el Código, entonces, se añaden a que el término fijado por su Ministerio para la entrada en vigencia del CPPF, de acuerdo con lo que se advierte, no es suficiente para llevar adelante -al menos- las mínimas readecuaciones imprescindibles para su puesta en marcha, ni tampoco para dar solución a las restantes problemáticas reseñadas”, concluyó Casal.